Medida cautelar frena plan de Milei con el Banco de la Nación

La justicia bloquea la transformación de una entidad pública en sociedad anónima

AGENCIAS/TDN

El presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrenta a un revés judicial en su campaña de privatización del Estado, tras un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla. El pasado martes, el magistrado dictó una medida cautelar que bloquea la transformación del Banco de la Nación en sociedad anónima, una medida anunciada la semana pasada como parte de los esfuerzos de Milei por reducir el tamaño del Estado. La decisión ha generado un amplio debate sobre los límites del poder ejecutivo y la intervención judicial en políticas de privatización.

El fallo de Ramos Padilla exige a las autoridades gubernamentales un informe detallado sobre el interés público de la decisión. Este informe debe presentarse en un plazo máximo de cinco días, lo que añade presión al gobierno de Milei. El magistrado ha subrayado que la decisión final sobre el futuro del Banco de la Nación dependerá de lo que dictamine la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

El gobierno de Milei había oficializado la transformación del Banco de la Nación en sociedad anónima con el Estado como principal accionista. El plan contemplaba que el 99.9 por ciento del capital social quedaría bajo control del Estado, con el Ministerio de Economía ejerciendo los derechos correspondientes. Aunque la iniciativa fue presentada como un paso hacia la eficiencia y modernización, ha provocado resistencias tanto en el Congreso como en diversos sectores políticos y económicos.

Esta medida se inscribió dentro de un proyecto más amplio de privatización de empresas estatales que Milei ha impulsado desde su llegada al poder hace poco más de un año. Aunque en un principio la privatización directa del Banco de la Nación fue descartada, la opción de convertirlo en sociedad anónima apareció como una alternativa viable para algunos miembros del gabinete económico.

La controversia en torno al Banco de la Nación reflejó la tensión entre el ejecutivo y los otros poderes del Estado, así como el debate en torno al rol del sector público en la economía argentina. Si bien algunos defienden la necesidad de modernizar las instituciones del Estado, otros temen que esta política de privatización tenga consecuencias negativas para la estabilidad financiera y social del país.

“El fallo de Ramos Padilla exige a las autoridades gubernamentales
un informe detallado sobre el interés público de la decisión”