Las revisiones alcanzaron a diversas dependencias del gobierno de Chiapas como parte de los controles institucionales
DAMIÁN CERVANTES/TDN
El inicio de investigaciones administrativas por la omisión en la Declaración Patrimonial 2025 marcó un mensaje político y administrativo claro en Chiapas, pues la fiscalización interna dejó de ser un trámite de archivo para convertirse en un filtro activo de control. La Secretaría Anticorrupción puso remarcó que es una obligación que suele minimizarse, pero que define la credibilidad del servicio público.
Las irregularidades detectadas alcanzaron a dependencias clave del aparato estatal, desde áreas sociales y de salud hasta instituciones educativas y tecnológicas. Más que un señalamiento aislado, el alcance institucional mostró que el problema no es individual, sino estructural, y que los mecanismos de revisión comenzaron a operar de manera transversal.
Para la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, el fondo del asunto no es administrativo, sino tiene que ver más con cuestiones éticas. La declaración patrimonial, sostuvo, funciona como una línea base para evaluar el ejercicio del poder público y prevenir conflictos de interés, enriquecimientos injustificados o abusos que merman la confianza ciudadana.
El procedimiento abierto no anticipa sanciones automáticas, pero sí deja claro que la omisión constituye una falta administrativa grave. El énfasis en el debido proceso busca evitar lecturas de persecución, aunque también fija un precedente, el cual consiste en que la presunción de inocencia no exime del cumplimiento puntual de la ley ni de la rendición de cuentas.
En el discurso de la llamada Nueva ERA de gobierno, este tipo de acciones buscan construir autoridad institucional desde la coherencia interna. La advertencia fue directa, no habrá excepciones ni tolerancia frente a omisiones que comprometan la legalidad y la ética pública. En ese terreno, la transparencia deja de ser discurso y empieza a medirse en consecuencias.

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