La colaboración entre ambas instancias permitirá fortalecer la supervisión del erario público
DAMIÁN CERVANTES/TDN
La firma del convenio entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) colocó a la entidad en una nueva etapa de coordinación institucional en materia de fiscalización. Más que un acto administrativo, el acuerdo redefinió la manera en que se supervisa el uso de recursos federales en el estado, al abrir la puerta a un esquema de vigilancia más articulado entre ambos niveles de auditoría.
En este nuevo marco de colaboración, la ASE adquirió un papel más activo dentro del proceso de revisión del gasto federalizado. La posibilidad de intervenir de manera conjunta en distintas etapas de fiscalización permite que la revisión de los recursos públicos deje de ser un ejercicio fragmentado y avance hacia un modelo basado en intercambio de información y supervisión compartida.
El acuerdo también busca responder a una demanda recurrente en la gestión pública, la necesidad de reducir espacios de opacidad en el ejercicio del gasto. En el caso de Chiapas, donde los recursos federales representan una parte sustancial del financiamiento de programas y obras, la coordinación entre ambas auditorías se perfila como un mecanismo para reforzar la trazabilidad del dinero público desde su origen hasta su aplicación final.
Desde la perspectiva institucional, la ASE Chiapas refrendó con este convenio su compromiso de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, en un contexto donde la fiscalización no solo implica detectar posibles irregularidades, sino también prevenirlas mediante procesos más eficientes. La colaboración con la ASF apuntó a consolidar una cultura de control más técnica y menos reactiva.
El alcance del acuerdo sugiere un cambio en la lógica de supervisión del gasto federalizado en la entidad, donde la fiscalización se entiende cada vez más como un proceso continuo y coordinado. En ese esquema, la Auditoría Superior del Estado se posiciona como un actor clave para garantizar que el uso de los recursos públicos responda a criterios de legalidad, transparencia y beneficio social directo.

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