La salida forzada de familias implica pérdidas de viviendas, tierras de cultivo e ingresos
KEVIN NARVARTE/TDB
Chicomuselo concentró una de las expresiones más graves de la crisis de desplazamiento forzado en Chiapas, al registrar la mayor afectación proporcional asociada a la violencia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2025. La disputa territorial entre grupos criminales en la región Sierra-Frontera ha generado condiciones de inseguridad que obligan a familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras localidades.
La dimensión estatal colocó a Chiapas entre los territorios más afectados por este fenómeno en el país. El informe Travesías Forzadas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, documentó que la entidad concentró el 61.8% de las personas desplazadas por la violencia en México durante 2024, a partir del monitoreo de medios de comunicación.
Para quienes salen de sus comunidades, la emergencia no termina al encontrar un lugar donde resguardarse. La pérdida de tierras de cultivo, animales, viviendas y fuentes de ingreso puede comprometer el sustento familiar, mientras niñas y niños enfrentan interrupciones escolares y las familias deben reconstruir sus redes de apoyo lejos de su entorno. En Julio de 2024, más de 500 personas cruzaron desde comunidades del sur de México hacia Guatemala para escapar de la violencia, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha advertido que estos desplazamientos están relacionados con amenazas, control territorial y otras formas de violencia que alteran la vida comunitaria. El problema también tiene alcance nacional, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 estimó que más de 248 mil hogares mexicanos abandonaron su residencia durante 2024 para protegerse de la delincuencia, según información citada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
En Chicomuselo, recuperar la tranquilidad implica más que detener las salidas de población, requiere condiciones de seguridad que permitan a las familias decidir si permanecen en sus lugares de refugio o regresan a sus comunidades. La atención también necesita considerar el acceso a vivienda, educación y medios de subsistencia, pues sin estas garantías el desplazamiento puede prolongarse y debilitar los vínculos sociales y económicos de las localidades afectadas.
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