La resolución judicial acreditó una falta administrativa grave por hechos ocurridos en un Centro de Recaudación Local de la Secretaría de Finanzas
KEVIN NARVARTE/TDN
La labor de investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) derivó en una resolución del Tribunal Administrativo que acreditó la comisión de una falta administrativa grave por abuso de funciones contra un exservidor público de la Secretaría de Finanzas, por hechos ocurridos en 2023 en un Centro de Recaudación Local.
El resultado fue muestra de la ruta institucional que siguió una investigación por posibles irregularidades en el servicio público, desde la detección de conductas indebidas y la integración de pruebas hasta la presentación del caso ante las autoridades encargadas de determinar responsabilidades, un proceso que permitió obtener una sentencia por la actuación del exfuncionario.
La resolución se originó en las indagatorias de la Contraloría Interna de la SAyBG, que dio seguimiento al procedimiento hasta su resolución ante el Tribunal Administrativo, con lo que la dependencia encabezada por Ana Laura Romero Basurto avanzó en la aplicación de los mecanismos legales para sancionar conductas que afectan el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, el abuso de funciones ocurre cuando una persona servidora pública utiliza sus atribuciones para realizar actos u omisiones arbitrarios, ya sea para obtener un beneficio propio o para terceros, o provocar un perjuicio a una persona o al servicio público.
La SAyBG mantendrá el fortalecimiento de sus mecanismos de control, investigación y seguimiento de responsabilidades, como parte de la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, una labor que, de acuerdo con Romero Basurto, continuará bajo criterios técnicos, jurídicos y de respeto al debido proceso para el beneficio del pueblo de Chiapas.
“Aplicación de los mecanismos legales para sancionar conductas que afectan el ejercicio de la función pública.”
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