Los cambios impulsados por los diputados buscan transformar el funcionamiento interno del Poder Judicial
AGENCIAS/TDN
La semana pasada se aprobó de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la Cámara de Diputados, el cual marcó un hito en la búsqueda de una mayor democratización del Poder Judicial en México. Esta legislación, respaldada por una amplia mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, busca establecer un sistema en el que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.
Sin embargo, la oposición, compuesta por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), expresó serias preocupaciones sobre la viabilidad y la integridad del proceso electoral propuesto. Este desacuerdo no solo reflejó diferencias ideológicas, sino también una lucha por el control de un sistema que muchos consideran fundamental para la salud democrática del país.
La reforma no solo se enfoca en la elección de autoridades, sino que también introduce un marco regulatorio para la preparación de estas elecciones, incluyendo la postulación de candidatos y la jornada electoral. Sin embargo, queda por ver cómo se garantizará la transparencia y la equidad en un entorno donde las estructuras de poder ya están bien establecidas.
Un aspecto clave será la discusión y eventual aprobación de las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que tiene el potencial de ofrecer un recurso efectivo a los ciudadanos. Asegurar que quienes participen en el proceso electoral cuenten con medios de defensa claros y accesibles es fundamental para fortalecer la confianza en un sistema que, históricamente, ha sido visto con recelo por la sociedad civil.
El camino hacia un Poder Judicial más democrático es un proceso complejo, lleno de desafíos. La aprobación de esta ley es solo el primer paso en una larga travesía que requerirá vigilancia y compromiso por parte de todos los actores involucrados. La capacidad de esta reforma para transformar el panorama judicial dependerá en gran medida de su implementación y de la voluntad política para asegurar un sistema justo y representativo que responda a las necesidades de la ciudadanía.
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