La pérdida de patria potestad y el castigo a ataques con ácido marcan un avance legislativo
DAMIÁN CERVANTES/TDN
El Congreso de Chiapas aprobó una serie de reformas que buscan endurecer las medidas contra la violencia de género y modernizar la gestión pública. Durante una sesión extraordinaria, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez encabezó la discusión y avaló modificaciones que marcaron un precedente en la protección de mujeres y niños, así como en la digitalización de procesos administrativos.
Entre los cambios más relevantes está la pérdida automática de la patria potestad para quienes sean condenados por feminicidio o su intento. Avendaño destacó que esta reforma responde a una exigencia social y que garantiza la protección de niñas y niños que quedan en situación de vulnerabilidad. La medida también busca evitar que agresores utilicen su relación parental para evadir responsabilidades legales.
Otra reforma clave es la tipificación de los ataques con ácido y sustancias corrosivas como una forma específica de violencia. Avendaño subrayó que el aumento de estos crímenes exige respuestas contundentes, por lo que endurecer las penas es fundamental para desalentar estas agresiones y garantizar justicia para las víctimas. Enfatizó que ninguna forma de violencia debe quedar sin castigo y que esta iniciativa es un paso hacia una legislación más equitativa.
Además de las reformas en materia de violencia de género, se aprobó una modificación constitucional para simplificar y digitalizar los procesos administrativos en Chiapas. Avendaño recalcó que la modernización del sistema público reducirá la burocracia y mejorará el acceso a servicios para la ciudadanía, aunque advirtió que será necesario acompañar estos cambios con estrategias para cerrar la brecha digital y evitar que las comunidades más rezagadas enfrenten nuevos obstáculos.
Con estas decisiones, el Congreso de Chiapas avanzó en la construcción de un marco legal más sólido y acorde con las demandas sociales. Avendaño reiteró que el compromiso del Legislativo es garantizar justicia, mejorar la eficiencia gubernamental y responder con acciones concretas a las problemáticas que afectan a la ciudadanía.
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