La actividad se desarrolla cerca de un área de conservación de dos mil 870 hectáreas con importancia ambiental para Tuxtla
DAMIÁN CERVANTES/TDN
La expansión de los bancos de material en la zona de Copoya pone frente a frente dos realidades que difícilmente pueden ignorarse, por un lado, la necesidad de contar con piedra y otros recursos para distintas actividades; por otro, la conservación de un territorio considerado estratégico para el equilibrio ambiental de Tuxtla Gutiérrez. En medio están las familias que viven cerca de los puntos de extracción y que ahora piden saber hasta dónde pueden llegar estos trabajos.
El polvo que llega a las viviendas, las vibraciones y el ruido de las detonaciones son parte de las molestias que los habitantes atribuyen a las actividades extractivas. Algunas familias también señalan posibles daños en sus casas, por lo que el reclamo ya no se concentra en el cambio de paisaje, sino en conocer si las operaciones se desarrollan bajo condiciones que protejan a quienes viven alrededor.
La preocupación tomó otra dimensión por el lugar donde ocurre, la meseta de Copoya y el cerro Mactumatzá forman parte de una zona de conservación de dos mil 870 hectáreas, donde la vegetación y la fauna cumplen funciones ambientales para la capital chiapaneca. El avance de los bancos de material, plantea preguntas sobre cuánto territorio puede ser intervenido sin comprometer las características que justificaron su protección.
Además, Chiapas arrastra un problema de vigilancia sobre este tipo de actividades. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural reportó 505 bancos de extracción en el estado, pero únicamente 11 contaban con autorización oficial, mientras que, en Tuxtla la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya clausuró en 2025 dos predios por extracción de material pétreo sin autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Estos antecedentes hacen que las denuncias actuales requieran algo más que una inspección aislada.
Lo que los habitantes de Copoya están pidiendo es que las autoridades revisen banco por banco y determinen qué empresas tienen permisos, qué condiciones les fueron establecidas y si las están cumpliendo. La discusión, en el fondo, no se reduce a detener o permitir la extracción, sino a determinar si una actividad que modifica el territorio puede continuar sin poner en riesgo a las familias cercanas ni al área natural que se busca conservar.
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