Bukele volvió a establecer una cuota diaria mínima de arrestos

El presidente salvadoreño va camino a obtener su reelección inconstitucional mientras su fuerza
pública sigue llenando las cárceles en un régimen de excepción que está por cumplir dos años

TNChiapas / CORTESÍA

La orden de volver a llenar una cuota diaria de capturas llegó de los altos mandos de la Policía
Nacional Civil de El Salvador el mismo día en que ocurrió al menos un asesinato dentro del Centro
Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes del país. Todo, la muerte en la prisión y el
mandato de arrestar a más gente ocurrió, como suele ser en el gobierno de Nayib Bukele, bajo el
más absoluto sigilo.
Dos oficiales de la Policía, una fuente al interior de la Dirección General de Centros Penales (DGCP)
y familiares de presos confirmaron a Infobae la orden dada a mandos medios policiales de cumplir
cuotas diarias de capturas. No está claro cuál es el número de arrestos a realizar por día, pero un
conteo hecho por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica estableció que hubo 117 arrestos en 48
horas entre el 10 y el 12 de enero pasados.
“Son los jefes de la Policía quienes han generado esa disposición, lo cual no es correcto, ya que
presiona a la personal a llegar a una meta, y que por fuerza tiene que cumplir. Muchos policías se
han opuesto a esa medida arbitraria”, dijo a Infobae uno de los oficiales de policía, quien habló
desde el anonimato por su seguridad.
No es la primera vez que el gobierno de Nayib Bukele establece cuotas obligatorias de arrestos. Ya
en junio de 2022, a pocos meses de que el gobierno salvadoreño estableció por decreto un
régimen de excepción que limitó los derechos constitucionales de sus ciudadanos, la Policía había
establecido obligaciones de capturas que las diferentes delegaciones y subdelegaciones debían de
cumplir.
Infobae reveló entonces que había cuotas de 40 capturas diarias en delegaciones de las ciudades
que rodean a San Salvador, la capital. Las exigencias de cumplir con un número de arrestos diarios
llevaron, inevitablemente, a abusos masivos que afectaron a miles de salvadoreños, según
organizaciones de derechos humanos en El Salvador y relatores de las Naciones Unidas.
El gobierno de Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de
semana en que las pandillas MS13 y Barrio 18 provocaron un caos de violencia que dejó 87
muertos en 72 horas en las calles, barrios y comunidades del país. La causa de la masacre, según
revelaron luego investigaciones hechas por agentes estadounidenses e informes internos de la
inteligencia policial salvadoreña a los que Infobae ha tenido acceso, fueron desacuerdos entre el
gobierno de Bukele y las dos pandillas, con las cuales el presidente y sus enviados habían
negociado pactos de gobernabilidad y beneficios electorales desde al menos 2017, cuando el
actual mandatario era alcalde de San Salvador. A cambio de mantener bajas las cifras de
homicidios, líderes pandilleros fueron blindados por Bukele y los suyos de la extradición a Estados
Unidos, donde son reclamados por actos de terrorismo, asesinatos y otros crímenes.
Desde que fue decretado, en marzo de 2022, el régimen de excepción se ha prolongado 22 meses.
La medida limitó los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libre expresión y a la libre
asociación, entre otros. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, de mayo de 2023, el
régimen de excepción trajo consigo “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y
otros malos tratos en prisión”. La organización Socorro Jurídico Humanitario, una de las que lleva
mejores cuentas sobre los abusos, cifró en 216 las muertes de salvadoreños en las cárceles del
país hasta finales de 2023. La mayoría de esos fallecidos nunca fueron condenados por
pertenencia a pandillas.
El gobierno de Bukele ha llegado a cifrar en 80,000 el número de salvadoreños presos durante el
régimen de excepción. En decenas de intervenciones públicas, el fiscal general del país, leal al
presidente, y sobre todo el ministro de seguridad pública, Gustavo Villatoro, han dicho que todos
los detenidos son pandilleros o han colaborado con las pandillas, aunque luego han matizado al
reconocer que unas mil personas fueron liberadas, tras meses en las cárceles, porque no tenían
nada que ver con las organizaciones criminales.
Lo cierto es que, para agosto de 2022, ya los jefes policiales habían levantado la exigencia de que
sus subalternos cumplieran con cuotas diarias de capturas, según confirmó a Infobae el
Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), una asociación de agentes y oficiales que ha
denunciado abusos cometidos durante el régimen de excepción, como violaciones sexuales por
parte de policías y militares.
No fue hasta el 10 de enero pasado que, según las fuentes consultadas para esta nota, entre ellas
el MTP, volvió la orden de cumplir con una cuota diaria de capturas. Ese día pasó algo en la cárcel
de Mariona, la más importante del país, que amenazó con fisurar la narrativa oficial según la cual
todo, en el tema de seguridad pública, está bajo control. Aquel día, de acuerdo con una denuncia
del MTP que luego Infobae confirmó con un funcionario del Ejecutivo y otro de la Policía, alguien
murió en Mariona.