Andrea Flores Mena
La seguridad pública no se construye únicamente con patrullas, operativos o detenciones, también se mide en algo más difícil de recuperar: la confianza de la ciudadanía para transitar por sus calles, usar el transporte público o realizar sus actividades cotidianas sin que el miedo determine cada decisión, en ese terreno, los datos más recientes del INEGI ofrecen para Chiapas una señal que merece ser observada con seriedad.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que, en junio de 2026, 70.6 por ciento de la población adulta de Tuxtla Gutiérrez consideró inseguro vivir en la ciudad, en contraparte a junio de 2024 cuando la proporción era de 77.5 por ciento, la diferencia es de 6.9 puntos porcentuales y en Tapachula el cambio es todavía mayor: la percepción de inseguridad pasó de 84.7 por ciento en junio de 2024 a 73.8 por ciento en junio de 2026, una reducción de 10.9 puntos, son cifras del INEGI, no de una medición gubernamental.
El contraste cobra mayor dimensión si se observa el cierre de 2024, en diciembre de aquel año, Tuxtla alcanzó 90.6 por ciento de percepción de inseguridad y Tapachula 90.1 por ciento; ambas aparecieron entre las ciudades con los registros más altos del país, frente a ese punto crítico, las cifras de junio de 2026 representan una distancia considerable.
No sería serio atribuir automáticamente cada punto de reducción a una sola autoridad, la percepción de inseguridad es compleja: intervienen la incidencia delictiva, la experiencia personal y el entorno inmediato, pero tampoco sería razonable ignorar que los cambios ocurren en un contexto de modificaciones visibles en la política estatal de seguridad.
La administración encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar ha colocado este tema entre sus prioridades y ha apostado por una estrategia que combina coordinación entre corporaciones, presencia operativa y capacidades especializadas, una de sus expresiones más visibles es la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, cuya misión institucional incluye prevenir y combatir delitos, mantener el orden público y actuar en escenarios de alto riesgo.
Y la propia ENSU obliga a mantener esa prudencia, entre marzo y junio de 2026, Tuxtla pasó de 64.7 a 70.6 por ciento de percepción de inseguridad; Tapachula, de 65.6 a 73.8 por ciento. En el caso de Tapachula, el INEGI identificó ese incremento trimestral como estadísticamente significativo, es decir: la fotografía frente a 2024 es favorable, pero el dato más reciente también contiene una advertencia que el gabinete de seguridad no debería minimizar.
El reto de la siguiente etapa es claro: Recuperar seguridad no significa solamente incrementar patrullajes, realizar operativos o enfrentar grupos criminales, significa conseguir que el ciudadano perciba que el orden permanecerá; que pueda denunciar sin temor; que la policía cotidiana responda; que carreteras, colonias y zonas comerciales mantengan condiciones estables y que la presencia institucional no dependa de coyunturas.
Por eso, la reducción registrada entre el sexenio pasado y los casi dos primeros años de este puede leerse como un activo para el gobierno de Eduardo Ramírez y su gabinete de seguridad, pero sobre todo como una responsabilidad, cuando una sociedad comienza a recuperar confianza, la exigencia aumenta: ya no basta detener el deterioro; hay que demostrar que la tendencia puede consolidarse.
Chiapas viene de años en los que determinadas regiones enfrentaron episodios de violencia que marcaron la conversación pública sobre seguridad. Cambiar esa percepción requiere tiempo, resultados y continuidad, los números del INEGI no permiten afirmar que el problema terminó, pero sí muestran algo relevante: Tuxtla y Tapachula se encuentran hoy lejos de los niveles con los que cerraron 2024 y por debajo de sus registros de junio de ese mismo año.
Eso es una buena noticia, no porque sirva para construir un discurso complaciente, sino porque la seguridad pública debe evaluarse justamente de esta forma: con datos independientes, comparaciones verificables y capacidad para reconocer avances sin dejar de señalar pendientes.
Para el gobernador y su gabinete de seguridad, las cifras ofrecen reconocimiento, pero también una vara más alta, la tarea será convertir una mejor fotografía respecto de 2024 en una tendencia consistente durante los próximos años.
Porque recuperar el territorio es indispensable, recuperar la confianza de quienes lo habitan es la verdadera prueba de permanencia.
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