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La comunidad afectada es Las Candelarias Bienes Comunales, compuesta por aproximadamente 450 habitantes indígenas que hablan tojolabal
ARGENIS ESQUIPULAS/TNChiapas
Habitantes de la comunidad Las Candelarias Bienes Comunales, en el municipio de Las
Margaritas, Chiapas, denunciaron a través de un comunicado la falta del derecho humano a la
educación a la niñez de dicha comunidad ante el desamparo educativo: seis años sin maestros
en el nivel de educación preescolar y primaria se encuentra en un estado de abandono crítico.
Tras años de atención irregular por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) y el Programa de Educación Comunitaria Indígena (PECI), las escuelas de preescolar
y primaria han estado completamente desprovistas de personal docente durante los últimos
seis años.
En el 2020, los Comités de Padres de Familia y Autoridades Ejidales, respaldados por el Frente
Popular Revolucionario (FPR), emprendieron un peregrinar ante diversas instancias educativas
en busca de maestros.
La Jefatura de Zonas de Educación Indígena de Las Margaritas, la Dirección de Educación
Indígena, la Subsecretaría de Educación Federalizada, la Secretaría de Educación de Chiapas, la
Secretaría de Planeación Educativa e incluso la Secretaría de Educación Pública, a través de la
Oficialía de Partes, fueron notificadas de esta situación patética e indignante por parte de los
padres de familia.
La ausencia de maestros en estas instituciones educativas es un reflejo doloroso de la falta de
compromiso con la educación en esta comunidad, dejando a los niños sin las herramientas
necesarias para su desarrollo académico y personal.
Con argumentos como: “no tenemos facultades para resolver el caso”, “las normas de la
USICAMM no nos permite enviar maestros”, “debe reportarse el problema a Programación
Detallada y la Secretaría de Planeación”, “lo turnaremos a la Secretaría de Educación de
Chiapas”, cada autoridad se ha deslindado de su responsabilidad.
En su momento, se reportó la presencia de maestros desplazados en zonas escolares de la
región debido a conflictos internos, generando la posibilidad de abordar la necesidad
educativa con dichos profesionales.
A principios de 2023, el Lic. Jesús Caridad Aguilar Muñoz, secretario Técnico de la Secretaría de
Educación de Chiapas, junto al regidor de educación del ayuntamiento de Las Margaritas, se
comprometieron a resolver la situación.
La promesa era que, para agosto y al iniciar el ciclo escolar 2023-2024, los centros educativos
iniciarían actividades utilizando la Clave de Centro de Trabajo de otra escuela y con personal
del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, sin embargo, hasta la fecha, no
se ha concretado ninguna acción al respecto.
La comunidad Las Candelarias Bienes Comunales, compuesta por aproximadamente 450
habitantes indígenas que hablan la lengua tojolabal, se ubica a 45 kilómetros al noreste de la
cabecera municipal de Las Margaritas, en una de las cañadas más marginadas.
Su centro político micro regional es la comunidad de Gabriel Leyva Velázquez. La falta de
avances en la implementación de soluciones educativas afecta directamente a esta
comunidad, que aguarda respuestas y acciones concretas para garantizar la educación de sus
habitantes.
En la actualidad, lo que antes albergaba al jardín de niños y la escuela primaria se reduce a
apenas dos aulas con paredes y techos de concreto. A pesar de contar con una cancha de usos
múltiples construida recientemente, destaca la presencia de una Casa del Maestro construida
con recursos del programa “La Escuela es Nuestra”. Paradójicamente, esta construcción carece
de clases y maestros desde hace seis años.
Ante esta crítica situación, los referentes unitarios firmantes hacen un LLAMADO a los medios
de comunicación y a las instancias defensoras de los Derechos Humanos. Solicitan su apoyo e
intervención inmediata para abordar esta flagrante violación a los derechos humanos de
alrededor de 50 niños de preescolar y 100 niños de primaria pertenecientes a la etnia
tojolabal.
Es esencial reparar esta situación urgente y garantizar el derecho fundamental a la educación
de estos niños. La comunidad espera que la visibilidad mediática y la intervención de las
instancias pertinentes generen acciones concretas para resolver esta problemática y
restablecer el acceso a una educación de calidad para los menores afectados.
En un urgente llamado a la acción, la comunidad Candelarias Bienes Comunales, exige a las
autoridades municipal, estatal y federal una atención y solución inmediata a una problemática
que ha sumido a sus habitantes en condiciones precarias. La interrogante que resuena es:
¿Dónde queda el interés superior del niño y la niña?
En medio de la incertidumbre, los residentes se cuestionan el paradero de la Cuarta
Transformación, preguntándose si, por ser pobres e indígenas, se ven excluidos del respeto a
sus derechos humanos y constitucionales.
En solidaridad con la Jornada Nacional liderada por el Frente Popular Revolucionario y otras
organizaciones a partir del 30 de enero del presente año, la comunidad también respalda la
Movilización Nacional Unitaria convocada por el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el
Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI) programado en la Ciudad de México para el 31 de
enero de 2024.
En un tono enérgico, se reitera la exigencia al Gobierno estatal y federal para que brinden la
debida atención y solución a las demandas planteadas por la comunidad. El grito de unidad
resuena alto: “¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!”.
La situación crítica en Las Margaritas demanda respuestas inmediatas y acciones concretas por
parte de las autoridades, dejando al descubierto la urgente necesidad de abordar las
inequidades que afectan a las comunidades más vulnerables, la urgencia de una respuesta y la
intervención inmediata de las autoridades competentes se convierten en imperativos para
poner fin a esta desoladora realidad educativa en Las Margaritas, Chiapas.
NIÑEZ EN CHIAPAS, OCUPA EL PRIMER LUGAR NACIONAL SIN IR A LA ESCUELA
La niñez en Chiapas se ve afectada por diversas problemáticas que requieren atención
inmediata. Según datos recientes, el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en niños que
no asisten a la escuela, planteando interrogantes sobre el acceso a la educación y los desafíos
que enfrenta la niñez chiapaneca en este aspecto crucial para su desarrollo.
Además, Chiapas se encuentra en el segundo lugar de trabajo infantil, según la última Encuesta
Nacional de Trabajo Infantil, con alarmantes 603,900 menores realizando algún tipo de labor.
Estos datos subrayan la urgencia de abordar la explotación laboral infantil en la región.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) reveló que 1,057
niños, niñas y adolescentes migrantes fueron detenidos en territorio mexicano, destacando la
vulnerabilidad de esta población en su tránsito por Chiapas. El estado también ocupa el
segundo lugar nacional en deportaciones de niños migrantes no acompañados, evidenciando
la complejidad de la situación migratoria en la región.
La niñez indígena en Chiapas se ve particularmente afectada en medio de conflictos armados,
planteando preguntas sobre la protección de sus derechos fundamentales y el impacto
psicológico que pueden experimentar en este entorno hostil.
Adicionalmente, se señala que niños chiapanecos son explotados en otros estados de la
República, subrayando la necesidad de medidas para prevenir y combatir esta forma de abuso
infantil, en cuanto a la seguridad, Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en muertes de
niños a causa de quemaduras, señalando la importancia de campañas de prevención y
educación sobre seguridad infantil.
Por último, pero no menos preocupante, Chiapas se posiciona en el tercer lugar nacional en
casos de abuso sexual hacia niñas y niños. Este alarmante problema afecta de manera
significativa a la población infantil en la región Sureste del país, subrayando la urgencia de
acciones coordinadas para proteger a los menores y sancionar a los responsables.
Ante este complejo escenario, es imperativo que autoridades, organizaciones civiles y la
sociedad, en su conjunto, trabajen de manera conjunta para garantizar un entorno seguro,
educativo y respetuoso para la niñez chiapaneca, velando por el pleno ejercicio de sus
derechos y asegurando un futuro más prometedor.
En la Sierra de Chiapas, los enfrentamientos han desencadenado una crisis, resultando en el
cierre de cerca de tres mil escuelas, según el secretario de la Sección 7 de la CNTE. La violencia
ha obligado a tomar medidas drásticas para proteger a los estudiantes, cerrando escuelas en
municipios como Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera,
Motozintla, Siltepec, La Grandeza, El Porvenir y Villaflores, afectando a unos 250 mil alumnos.
La región fronteriza con Guatemala se ve asolada por bloqueos carreteros, quema de
vehículos, enfrentamientos y asesinatos diarios. Cerca de 60 familias han abandonado sus
hogares, alegando ser forzadas por grupos delictivos a cometer actos vandálicos o enfrentar
extorsiones conocidas como “cobro de piso”.
A pesar del despliegue de casi 800 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, la
CNTE ha dejado claro que ni alumnos ni profesores regresarán a las aulas hasta que los tres
órdenes de Gobierno logren restablecer la paz y garanticen la seguridad de los habitantes.
En medio de esta violencia, el 11 de septiembre se encontró el cuerpo de Berlín “N”, maestra
del Colegio de Bachilleres de Río Guerrero, Chiapas, quien había sido secuestrada el 7 de
septiembre del 2023.
El esposo de la víctima reveló que los secuestradores buscaban que la maestra participara en
acciones como paros, bloqueos carreteros y transporte de “mercancía” para obtener su
liberación.
Ante esta situación, no solo el Gobierno mexicano ha respondido con el despliegue militar en
la región, sino también se ha informado sobre la llegada de efectivos del Ejército de Guatemala
para reforzar la frontera con Chiapas.
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