Deuda millonaria, alcalde de Simojovel bajo la mira

Enriquecimiento ilícito e imposición de candidatos, terminan por lacerar el tejido social y la
confianza ciudadana

CARLOS RUIZ/TNChiapas

En Simojovel, la corrupción se cierne sobre el actual alcalde, Gilberto Martínez Andrade, quien
acumuló una deuda superior a los 300 millones de pesos en su periodo de mandato. La mala
administración de los recursos públicos pone en tela de juicio la supervisión de la Auditoría
Superior del Estado (ASE) y otras instancias encargadas de evitar delitos como la malversación.
Algunos sospechan que la posible candidatura a la Presidencia municipal de su contador, Agenor
Domínguez, sea realizada de manera estratégica con la intención de no exponer las finanzas del
ayuntamiento. Esto ha generado dudas sobre la transparencia y legitimidad de los próximos
comicios en el municipio.
Por su parte, la Coordinación Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
encabezada por Carlos Molina, ha mostrado todo su apoyo a ambos funcionarios, quienes no
cuentan la aprobación de la ciudadanía.
Este tipo de acciones quitan credibilidad al discurso impartido por el presidente de México, quien
asegura no solapar la corrupción en el aparato político. El alcalde Martínez Andrade, en más de
una ocasión, fue señalado por anteponer sus intereses personales por encima de las necesidades
de la población.
La situación se agrava en otros municipios como Huitiupán, donde se busca imponer como
candidato al expresidente municipal Carlos Mario Montejo Urbina, quien solicitó licencia al
Congreso del Estado en busca de la reelección. Estos movimientos políticos arriesgan la integridad
de los partidos políticos y plantean serias interrogantes sobre la calidad de la democracia en la
región.
En conclusión, la corrupción y los juegos políticos oscuros amenazan con socavar los principios de
en Simojovel y otros municipios chiapanecos, poniendo a prueba el compromiso real de las
autoridades para erradicar estas prácticas y consolidar un cambio genuino en la política local.

Una mala administración de los recursos públicos pone en duda
supervisiones de la Auditoría Superior del Estado