López Obrador enfrentó duras críticas por su iniciativa de ley, que ha generado incertidumbre entre sectores financieros
AGENCIAS/TDN
La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió el pasado lunes en su preocupación por los efectos de la reforma judicial de México en la independencia de la judicatura horas antes de que comience su votación en comisiones del Congreso.
“Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión de Puntos Constitucionales, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México”, expresó la relatora en la red social X.
Esto llega menos de un mes después de que Satterthwaite enviase una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que alertó de que la reforma, que busca elegir por voto popular al Poder Judicial, podría “socavar la independencia de la judicatura”.
La primera vez que la relatora expresó sus reticencias subrayó diversos puntos de la reforma que, en su opinión, constituyen una amenaza al buen funcionamiento del Poder Judicial.
En aquella ocasión, se refirió negativamente hacia el mecanismo de selección de jueces propuesto por poder estar sometido a consideraciones políticas, criticó la falta de transparencia, la reducción de los mandatos de los jueces y el despido previsto de más de mil 800 funcionarios entre otras cuestiones.
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, alertó la semana pasada que la reforma judicial pone en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambos países.
Además, calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por López Obrador, en particular la del Poder Judicial, por la incertidumbre que causa entre los inversionistas.
López Obrador desestimó las críticas internacionales contra su reforma judicial, que este lunes se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión para que, a partir de 2025, haya comicios para elegir a los jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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