La Primavera busca certeza jurídica sobre sus terrenos

Los colonos afirmaron que la disputa por los terrenos ha derivado en más de 30 demandas y un intento de desalojo

DAMIÁN CERVANTES/TDN

La defensa de las 30 hectáreas que ocupan desde 27 años volvió a colocar a la colonia La Primavera 3 para Vivir Mejor en el centro de una disputa por la propiedad de la tierra, luego de que sus habitantes rechazaran ser considerados invasores y sostuvieran que cuentan con escrituras y comprobantes de pago predial. Para los colonos, el conflicto no puede resolverse únicamente con señalamientos, sino mediante la revisión de los documentos que acrediten los derechos de cada aprte.

El caso muestra cómo una ocupación que comenzó hace casi tres décadas terminó convirtiéndose en un problema jurídico que todavía no encuentra una salida definitiva. Los habitantes aseguraron que la controversia ha generado más de 30 demandas y recuerdan un intento de desalojo ocurrido hace cuatro o cinco años, además de amenazas contra representantes de la colonia, situaciones que han mantenido abierta la tensión alrededor de los terrenos.

En una ciudad que ha extendido su zona habitacional hacia distintos sectores, la discusión sobre quién tiene derecho sobre un predio también implica determinar qué condiciones existen para que una colonia pueda considerarse legalmente. Por ello, la revisión del Registro Público de la Propiedad y de las Instancias encargadas de la regularización puede ser determinante para establecer si los documentos presentados por los habitantes respaldan la posesión que defienden o si todavía existe algún procedimiento pendiente.

La situación de La Primavera planteó además otra necesidad para sus habitantes, contar con infraestructura básica. El agua potable, un pozo y un tanque elevado forman parte de las demandas que mantienen los colonos, aunque la posibilidad de ejecutar estas obras también está vinculada con la situación jurídica y urbanística de los predios. Antes de incorporar un asentamiento a determinados procesos de desarrollo, las autoridades deben revisar aspectos como la propiedad, el uso de suelo y la factibilidad de los servicios.

Así, la exigencia de los habitantes va más allá de conservar un espacio que aseguran haber ocupado durante 27 años. Lo que buscan es que la autoridad determine jurídicamente la situación de las tierras, valore los documentos que existen y, mientras se define la controversia, atienda las necesidades de una colonia que ya forma parte de la dinámica urbana de Tapachula.