La modificación permitirá valorar el contexto de agresión y cambiará cómo se juzga a las mujeres
DAMIÁN CERVANTES/TDN
Con la aprobación de una reforma al Código Penal en Chiapas que incorpora la legítima defensa con perspectiva de género, el Congreso local impulsó un cambio de fondo en la forma en que el sistema de justicia interpreta la violencia contra las mujeres, reconociendo que las agresiones no siempre son visibles ni ocurren en condiciones de igualdad, lo que durante años colocó a muchas víctimas en escenarios de vulnerabilidad incluso después de defender su propia vida.
Dentro de una discusión legislativa que colocó en el centro la experiencia cotidiana de mujeres que enfrentan violencia estructural, la denominada “Ley Petrona” introdujo una presunción legal que permitirá valorar el entorno previo a una agresión, modificando los criterios bajo los cuales una mujer puede ser juzgada e integrando factores como el contexto de abuso, la reiteración de la violencia y la falta de alternativas reales para escapar de estas situaciones.
Bajo el reconocimiento de que la violencia de género responde a procesos acumulativos y no a hechos aislados, la reforma rompe con esquemas tradicionales que exigían evidencia inmediata de agresión, dejando de lado elementos como el miedo constante, la intimidación prolongada y las relaciones de poder desiguales, aspectos que históricamente han sido ignorados en la aplicación del derecho penal.
En este contexto, el Congreso no solo legisló sobre una figura jurídica, también abrió un debate más amplio sobre la necesidad de que las normas penales evolucionen junto con la realidad social, especialmente en escenarios donde las mujeres han enfrentado obstáculos institucionales para acceder a una justicia que comprenda las condiciones en las que ocurre la violencia.
Con este nuevo marco legal, la reforma se posicionó como uno de los cambios más relevantes en materia de justicia con enfoque de género en Chiapas, al plantear una reconfiguración en la relación entre ciudadanía y sistema judicial y establecer que la protección de la vida y la integridad de las mujeres debe prevalecer frente a interpretaciones rígidas de la ley.

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