La ley busca frenar el uso de vehículos en actividades ilícitas sin vulnerar derechos ciudadanos
KEVIN NARVARTE/TDN
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Derechos de Chiapas, destacando la participación del presidente de la Mesa Directiva, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien impulsó las modificaciones que buscan fortalecer la seguridad y movilidad en el estado. La medida obligará a motociclistas a portar el número de placas en el chaleco y un holograma en el casco, una acción que, según el legislador, mejorará la identificación vehicular y reducirá los delitos vinculados al uso de motocicletas.
Desde la tribuna, Avendaño Bermúdez enfatizó que esta reforma responde a la necesidad de coadyuvar con las estrategias del gobierno estatal en materia de seguridad y movilidad. Destacó que la proliferación de motocicletas sin controles adecuados ha facilitado la comisión de delitos, afectando a la ciudadanía. “No podemos permitir que un grupo reducido siga operando al margen de la ley, generando temor en la población”, subrayó.
El legislador argumentó que esta disposición no vulnera derechos individuales, sino que fortalece la seguridad al vincular la identificación con el vehículo y no con la persona. Además, aseguró que la iniciativa se basa en modelos internacionales exitosos, donde medidas similares han reducido en un 30 por ciento los delitos relacionados con motocicletas. “Estamos modernizando el marco normativo para estar a la altura de las mejores prácticas”, sostuvo.
Luis Avendaño destacó que esta reforma es un paso hacia una movilidad más segura y ordenada, permitiendo a las autoridades rastrear motocicletas robadas y prevenir su uso en actos delictivos. Reiteró que el objetivo es garantizar la protección de los ciudadanos sin afectar a quienes cumplen con la ley.
El respaldo del Congreso a esta iniciativa reforzó la colaboración entre poderes para atender problemáticas de seguridad. Con estas medidas, se busca no solo mejorar la regulación del transporte en motocicleta, sino también incrementar la capacidad de las autoridades para actuar de manera eficaz ante delitos vinculados a estos vehículos.
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