El expresidente intentó disolver el Congreso en 2022, pero su fallido plan lo llevó a la destitución y a prisión
AGENCIAS/TDN
La justicia peruana abrió un nuevo capítulo en la historia política del país al iniciar el juicio oral contra Pedro Castillo, el primer expresidente procesado por el delito de rebelión. La fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel, marcando un precedente inédito en la lucha contra la desestabilización institucional. El caso, más allá de un asunto legal, reflejó la fragilidad del sistema político peruano y la profunda crisis de gobernabilidad que ha caracterizado a la nación en los últimos años.
El proceso contra Castillo tiene su origen en el intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, una maniobra desesperada para evitar su destitución por “permanente incapacidad moral”. Sin apoyo militar ni institucional, su plan colapsó en cuestión de horas. Lo que siguió fue un caos político: su inmediata destitución, su encarcelamiento y la sucesión de Dina Boluarte, quien asumió el poder en medio de una convulsión social que dejó 50 muertos en tres meses de protestas.
El juicio, además de determinar la responsabilidad penal de Castillo, pone en evidencia un problema de fondo: la inestabilidad presidencial que ha definido a Perú en la última década. Con cinco mandatarios en seis años y un Congreso que ha utilizado la destitución como herramienta recurrente, el país enfrenta un dilema institucional donde la continuidad gubernamental parece una excepción y no la norma. La caída de Castillo es solo el último episodio de una serie de gobiernos efímeros e inoperantes.
Su llegada al tribunal, tarde y sin abogado propio, simboliza la soledad de un presidente que alguna vez representó la esperanza de sectores rurales y marginados. Vestido con camisa blanca y sin corbata, escuchó cómo los jueces le asignaban un defensor gratuito. Un contraste con el poder que ostentó durante 16 meses, en los que modificó su gabinete cinco veces y acumuló más de 60 cambios de ministros, sumiendo al país en una crisis de gobernabilidad permanente.
Más allá del veredicto, este juicio será un termómetro para medir la fortaleza del sistema judicial y la capacidad de Perú para procesar políticamente sus crisis. Castillo no es el primero ni será el último presidente en caer, pero su caso deja una pregunta abierta: ¿es posible romper el círculo de inestabilidad o el país seguirá atrapado en un ciclo de crisis sin salida?
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