
A seis meses del conflicto entre grupos criminales, el panorama sigue siendo incierto y la inseguridad no cede
AGENCIAS/TDN
La persistente ola de violencia en Sinaloa ha puesto en evidencia los límites de la estrategia de seguridad del gobierno estatal. A seis meses del inicio de una guerra entre grupos criminales, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que su administración no ha logrado frenar la inseguridad. El problema, lejos de resolverse, sigue marcando el pulso del estado con homicidios que desafían cualquier sensación de control.
El mandatario admitió la incertidumbre sobre el fin de la violencia. Cada intento por mostrar avances en seguridad se ve opacado por nuevos crímenes, como el hallazgo reciente de tres cuerpos emplayados en Culiacán. Estos hechos, más que simples cifras, son mensajes que evidencian el dominio territorial de los grupos criminales y la brutalidad con la que buscan imponer su poder.
Si bien el gobierno estatal asegura que cada homicidio es investigado, la pregunta clave es si estas pesquisas han derivado en resultados concretos. La explicación oficial apunta a riñas y enfrentamientos, pero la violencia estructural en Sinaloa parece responder a una dinámica más profunda, donde el crimen organizado opera con impunidad y con una capacidad de regeneración constante.
El decomiso de bienes y recursos de la delincuencia organizada es presentado como un avance, pero el propio Rocha Moya reconoció que estos esfuerzos aún no han sido suficientes para pacificar el estado. Sin una estrategia de seguridad que neutralice la capacidad operativa de los grupos criminales, las incautaciones quedan como medidas aisladas dentro de un conflicto que sigue fuera de control.
Ante este escenario, la administración estatal enfrenta el reto de redefinir sus estrategias. Más allá de las declaraciones, la exigencia social es clara: la violencia no puede seguir siendo un fenómeno cíclico que se normaliza con el tiempo. Sin cambios estructurales en la política de seguridad, Sinaloa seguirá atrapado en una espiral de violencia donde el Estado sigue sin marcar la diferencia.
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