Según el informe del Frayba, han dejado sus hogares 3,499 personas en Aldama y 5,023 en
Chalchihuitán
ARGENIS ESQUIPULAS/TNCHIAPAS
FOTO: JACOB GARCÍA
En los últimos años, el estado de Chiapas ha sido testigo de un preocupante aumento en el
tráfico y consumo de drogas, así como en los índices de homicidios, feminicidios y
desapariciones. Además, se han impuesto toques de queda en diversas regiones debido a las
constantes agresiones armadas contra comunidades enteras. Estas preocupantes situaciones
han sido alertadas en el informe “Chiapas un desastre”, presentado por el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Según el informe del Frayba, durante el período comprendido entre 2020 y 2022, se ha
evidenciado un fenómeno de violencia que ha llevado a la expulsión masiva de comunidades
enteras en diferentes regiones de Chiapas. Entre 2018 y 2022, más de 12 mil personas han sido
desplazadas de forma permanente e intermitente en las regiones de Altos, norte y zoque.
El Frayba destaca que ha documentado el desplazamiento de 3,499 personas del municipio de
Aldama, 5,023 personas de Chalchihuitán, 3,200 habitantes de los municipios de Pantelhó y
Chenalhó, 87 personas del ejido Guayabal Esquipulas del municipio de Chapultenango, y 250
personas del ejido Santa Martha del municipio de Chenalhó, durante el período mencionado.
No obstante, el Centro de Derechos Humanos resalta que, desde 2010 hasta octubre de 2022,
se ha registrado el desplazamiento forzado interno de al menos 16,755 personas. Además, se
menciona que, desde 2021 hasta la fecha, unas 2,000 personas (400 familias) han abandonado
sus comunidades en la zona fronteriza con Guatemala debido a la violencia generada por la
disputa territorial de grupos criminales.
En el contexto analizado en el informe, el Frayba subraya que la crisis pandémica agravó el
racismo estructural y la discriminación, evidenciando la marginación, los altos índices de
pobreza y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos en las zonas afectadas. Ante esta
situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llamado a tomar medidas
específicas, como garantizar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos
originarios, incluyendo tasas de infección, mortalidad, impacto económico, carga de atención y
violencia, especialmente la violencia de género.
La organización civil considera que las condiciones actuales exigen un mayor compromiso por
parte de los defensores de los derechos humanos, la tierra y el territorio, así como de
periodistas y comunicadores. Sin embargo, esto también ha resultado en un aumento de las
agresiones sistemáticas para silenciar las voces de denuncia, a través de actos como amenazas,
intimidaciones y campañas de desprestigio.
La situación en Chiapas es alarmante y requiere una respuesta urgente por parte de las
autoridades y la sociedad en general. La violencia, el desplazamiento forzado y la vulneración
de los derechos humanos no pueden ser tolerados, y es necesario implementar medidas
concretas para proteger a las comunidades afectadas y garantizar la seguridad y el respeto de
sus derechos fundamentales.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa pidió a las autoridades de
Chiapas brindar seguridad a más de tres mil personas que han sido desplazadas por los
ataques armados que se han suscitado en comunidades del municipio Frontera Comalapa, en
la región fronteriza del estado.
En un comunicado difundido en X, el Comité informó que desde el pasado 22 de mayo se
reportaron los ataques armados y enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Además,
detalló que estos ataques se han realizado con armas de fuego de alto calibre, drones con
explosivos y unidades blindadas.
La organización resaltó que la violencia armada ha provocado que habitantes de la región,
entre los que se encuentran niñas, niños y adultos mayores del ejido La Independencia, se
desplacen para buscar refugio en otras comunidades de Frontera Comalapa y del municipio de
Chicomuselo.
El Comité Diga Ochoa detalló que las fuerzas de seguridad municipales o estatales, la Guardia
Nacional o el Ejército, no se han presentado para salvaguardar a la población de la región.
En su comunicado, la organización solicitó a las autoridades que garanticen la paz y los
derechos humanos de las comunidades ejidales de la zona, también que lleven a cabo medidas
para que los desplazados regresen de forma segura y se les repare el daño.
Además, el Comité pidió asistencia humanitaria inmediata para las personas desplazadas.
El pasado 27 de mayo, diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron a los
gobiernos municipal, estatal y federal que garanticen la seguridad de la población de varios
municipios de Chiapas por la violencia generada por el crimen organizado.
En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos escribió que
“Todos los Derechos para todas y todos”, que está conformado por más de 100 organizaciones
de la sociedad civil, solicitó protección para los municipios de Frontera Comalapa,
Chicomuselo, Amatenango de la Frontera y La Trinitaria.
La organización apuntó que la violencia es por un conflicto por el control territorial entre
diferentes grupos del crimen organizado que ha provocado robos, extorsiones, secuestros,
desapariciones forzadas, desplazamiento, feminicidios y asesinatos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH dio a
conocer a través de un informe en donde menciona que el estado de Chiapas se encuentra
dentro de los ocho estados en donde se generan más desplazamientos forzados durante el año
2021 y 2021.
La ola de violencia que se generó en 2021 ocasionó más de 35 mil homicidios dolosos y en
mayo de este año se superaron los 100 mil desaparecidos. Esto ha provocado, a su vez, que
miles de personas tengan que abandonar su lugar de residencia para evitar ser víctimas de
estos y más delitos en los estados Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca,
Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco.
La principal causa es la presencia de Grupos Paramilitares, así como la violencia generada por
conflictos territoriales, ante estos actos cientos de personas se han visto afectadas por la
violencia generada ya sea por los conflictos territoriales, presencia de cárteles, grupos
paramilitares o incluso conflictos políticos, en Chiapas, ocasionando que muchas personas han
sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la situación de violencia que viven.
A lo anterior se le conoce como “Desplazamientos Internos” y se refiere a aquellos individuos,
familias o multitudes que, debido a situaciones de violencia generalizada, conflictos armados,
inseguridad, violaciones de los derechos humanos, persecuciones o incluso desastres
naturales, se ven forzadas a dejar sus territorios en busca de salvaguardar su integridad.
CMDPDH comenzó desde el año 2016 a realizar trabajo de registro de personas desplazadas
en manera sistemática, 2021 ha sido el año con las cifras más alarmantes, con aumentos
significativos en el número de eventos de desplazamiento, personas desplazadas y municipios
afectados. Entre enero y diciembre de 2021 han documentado al menos 41 eventos de
desplazamiento interno en 10 estados (Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas), 55 municipios y más de 100 localidades.
Como referencia, en la siguiente tabla presentamos los datos correspondientes a los años
anteriores, en los cuales, por ejemplo, nunca se había registrado más de 30 eventos de
desplazamiento.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, ACNUR, presentó su
informe Desplazamiento Interno en México junio 2022 con el fin de “visibilizar el contexto
actual en México” y mostrar las cifras de 2021. Si bien no hay números oficiales al respecto,
ciertas organizaciones de la sociedad civil han recolectado información y la han sistematizado
para brindar una aproximación sobre la dimensión y el impacto de este fenómeno.
Por otra parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), desde 2014 ha monitoreado medios de comunicación para registrar casos de
desplazamiento forzado interno derivado de la violencia en México, con lo que se pueden
obtener cifras de manera periódica y así brindar un panorama general acerca de esta
problemática, la organización registró siete episodios de desplazamiento durante los primeros
3 meses de 2022 en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Los cuales afectaron a
383 personas aproximadamente.
El 13 de abril del 2023, varias familias fueron desplazadas de Chenalhó por negarse a cooperar
para compra de armas
Tres familias del Sector Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, han tenido que huir de su
comunidad debido al asedio de grupos armados que los amenazaban de muerte si no
cooperaban para la compra de armamento. La situación fue denunciada por el defensor de
derechos humanos Reynaldo Pérez.
De acuerdo con Pérez, estas familias se negaron a cooperar para la compra de armas y
municiones, lo que provocó que los grupos armados los amenazaran con armas de fuego en
sus propias casas. Finalmente, lograron escapar de la comunidad.
El Sector Santa Martha ha sido escenario de un conflicto agrario desde finales de septiembre
de 2022, cuando pobladores se dividieron y enfrentaron por la posesión de 22 hectáreas que
lograron ganar en disputa con el municipio de Chalchihuitán.
En este contexto, uno de los dos grupos enfrentados quemó las viviendas de 61 familias, lo que
provocó el desplazamiento de 244 personas. Ahora, la cifra de familias desplazadas aumenta a
64, y se teme que más personas tengan que abandonar la comunidad ante la presión de los
grupos armados.
El defensor de derechos humanos también recordó que desde el 2022 hay cinco personas
desaparecidas, una familia, entre ellos dos menores de edad de 12 y 16 años.
El comisariado Jesús Jiménez Velasco, por su parte, reconoció el 6 de octubre de 2022 que en
el Sector Santa Martha los grupos estaban fuertemente armados, con las conocidas como
cuerno de chivo.
La situación en el Sector Santa Martha es alarmante y requiere la atención de las autoridades
correspondientes para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas
afectadas por este conflicto.
Más de 61 familias desplazadas del sector Santa Martha del municipio de Chenalhó llegaron a
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia ante los conflictos armados que los han
obligado a abandonar sus hogares. Los pobladores de Santa Martha han sufrido la quema de
casas, el desplazamiento de cientos de personas y el brutal asesinato de una familia, todo ello
debido a la disputa de 22 hectáreas de tierras.
Desde septiembre del año pasado, los pobladores del ejido Santa Martha se dividieron en dos
grupos, incendiando varias casas y provocando el desplazamiento forzado de varias familias.
Actualmente, estas personas se encuentran refugiadas en la comunidad Fracción Polhó, donde
han tenido que enfrentar duras condiciones de vida.
Este miércoles, las familias desplazadas realizaron una concentración en Tuxtla Gutiérrez,
donde dieron a conocer nuevos desplazamientos internos de indígenas desplazados de la
comunidad de Atzamilhó. Reynaldo Pérez narró como grupos paramilitares quemaron su
vivienda, animales y propiedad por conflictos agrarios, lo que ha resultado en el
desplazamiento de 45 familias que se encuentran refugiadas entre las montañas del municipio
de Chenalhó.
Desplazadas de Santa Martha, Segunda Sesión del municipio de Chenalhó, denunciaron
publicarme hostigamiento, amenazas y persecución armada al defensor de Derechos Humanos
y al vocero Reynaldo Pérez, donde dieron a conocer que durante varios minutos observaron
que era un grupo de personas armadas el cual llegaron hasta la cabecera municipal de
Chenalhó, y luego retornaron rumbo a sector Santa Martha.
Fue el pasado 29 de septiembre de 2023 cuando 56 familias fueron obligados a salir de sus
casas y la mayoría se encuentran refugiados en la comunidad zapatista Polhó municipio
Chenalhó, mientras el resto se encuentran refugiados con familiares en otros municipios de la
región Altos.
Así mismo denunciaron que, en una de las carreteras del municipio de Chenalhó fue
perseguido el vocero de los desplazados Reynaldo Pérez, y que durante varios minutos
observaron que era un grupo de personas armadas el cual llegaron hasta la cabecera municipal
de Chenalhó, y luego retornaron rumbo a sector Santa Marta.
Al respecto, Reynaldo Pérez vocero de los desplazados e integrante de Defensor de Derechos
Humanos de la región, denunció qué fue perseguido junto con tres acompañantes por un
grupo armado y qué son procedentes del sector Santa Marta, por lo que pide a las autoridades
del gobierno federal y del estado poner fin a esta persecución y que vienen sufriendo desde
hace varios meses.
“Los integrantes de Los Defensores de Derechos Humanos de esta región y yo como vocero de
los desplazados de Santa Marta cuándo nos dirigíamos a dejar un documento en la cabecera
municipal de Chenalhó nos persiguieron gente armada qué son de la comunidad de Atzamiló
sector Santa Martha, y vimos a Regino Velasco Velasco que estaba hablando por teléfono y
más al rato aumentó la persecución tratando de cerrar el paso del vehículo dónde íbamos
viajando, nos persiguieron varios minutos y pedimos al gobierno poner un alto a esta
persecución y se busque ya un alto ahí está amenaza y se castigue a los responsables, porque
son los mismos que asesinaron la gente en sector Santa Marta”, denunció Reynaldo Pérez
Indicó qué denunciará ante las instancias correspondientes para que se investigue y se
castigue a estas personas; “la misma fiscalía lo saben perfectamente quiénes son y hay una
carpeta de investigación dónde se está investigando sobre el problema que existe en sector
Santa Martha y que se detenga ya esta gente, porque son los mismos que andan realizando
recorridos en las carreteras de Chenalhó, afortunadamente no nos hicieron nada, pero los
hostigamientos son cada rato, nosotros somos Defensores de Derechos Humanos, somos
vocero de los desplazados de Santa Marta, pedimos que se detenga esta gente”.
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