La universidad rechazó el control gubernamental sobre sus estudiantes y profesores, y denunció acciones inconstitucionales
AGENCIAS/TDN
El gobierno de Estados Unidos prevé cancelar todos los contratos restantes con Harvard, afirmó El pasado martes un alto cargo, en el último intento del presidente Donald Trump de obligar a la universidad a someterse a una supervisión sin precedentes.
La administración “envió una carta a las agencias federales pidiéndoles que identifiquen cualquier contrato con Harvard, y si pueden ser cancelados o redirigidos a otro lugar”, dijo la fuente que pidió mantener el anonimato.
El fin de los contratos, que según los medios de comunicación estadunidenses ascenderían a 100 millones de dólares, marcaría la ruptura de los lazos comerciales entre el gobierno y una institución que es a la vez la universidad más antigua del país y una potencia mundial de la investigación.
La administración de Trump acusa a la universidad de Cambridge de permitir el antisemitismo y promover valores liberales.
Harvard no ha permitido que el gobierno controle la inscripción de estudiantes y la contratación de profesores.
En las últimas semanas, el bastión educativo de élite ha visto congelados miles de millones de dólares en subvenciones. La administración también intentó poner fin a su capacidad de acoger a estudiantes extranjeros, pero una sentencia judicial lo ha impedido.
La universidad contraatacó. Argumentó que las decisiones de Trump son inconstitucionales y paralizarían su capacidad de funcionamiento.
Trump prometió seguir su lucha. En un mensaje en las redes sociales afirmó que entre los estudiantes extranjeros de Harvard había “lunáticos radicalizados, alborotadores”.
Semanas atrás, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la capacidad de Harvard para matricular a extranjeros, dejando en vilo el futuro de miles de estudiantes y el lucrativo flujo de ingresos que proporcionan.
El mes pasado amenazó con bloquear la matrícula de estudiantes internacionales en la universidad a menos que ésta entregara los registros sobre las “actividades ilegales y violentas” de los titulares de visados.
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