El nombramiento de Pablo Gómez genera cuestionamientos sobre su conocimiento técnico en temas políticos
AGENCIAS/TDN
El anuncio de una nueva reforma electoral desde la Presidencia no ha pasado desapercibido. Mientras el Gobierno Federal perfila su iniciativa con Pablo Gómez al frente, las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) lanzaron una advertencia clara: cualquier transformación al sistema electoral debe nacer del consenso social, no solo de la voluntad política en turno.
Para la consejera Carla Humphrey, el nombramiento de Gómez es una “buena señal” en términos del interés del Ejecutivo por atender el tema, pero subrayó que su desconocimiento técnico en la materia podría limitar el alcance de la propuesta. Afirmó que el INE debe ser escuchado no como un actor más, sino como el órgano que por décadas ha garantizado la organización de elecciones libres.
Norma de la Cruz fue aún más directa al recordar que el país necesita una reforma que “la ciudadanía quiera y no la que quieran darle”. En su opinión, sin participación ciudadana real, cualquier reforma será vista como una imposición, más aún si se tocan pilares como la representación proporcional o la autonomía de los órganos electorales.
Desde otra óptica, la consejera Claudia Zavala urgió a que no se repita el error de reformas previas: hacer ajustes cosméticos sin revisar a fondo el modelo de representación política. La oportunidad, señaló, está en abrir un diálogo nacional que rebase a partidos y recupere la voz del votante como eje de toda transformación electoral.
Lo que está en juego, dijeron las consejeras, no es una simple modificación de normas, sino la legitimidad misma del sistema democrático. Si la reforma se cocina a puerta cerrada y sin el aval técnico del INE, difícilmente tendrá la confianza pública necesaria para sostener una elección con credibilidad en el futuro inmediato. Una reforma sin participación ni transparencia solo profundizaría la desconfianza ciudadana en las instituciones.

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