La detención de líderes criminales expuso la posible complicidad de exfuncionarios en evasión millonaria
AGENCIAS/TDN
El huachicol fiscal vuelve a poner en el centro del debate la relación entre corrupción y gobierno en México. El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, calificó este fenómeno como “el crimen organizado de Estado más grande en la historia del país”, señalando que no se trata de casos aislados, sino de una red sistemática que habría involucrado a exfuncionarios de alto nivel. Para Romero, estas prácticas evidenciaron un entramado que vincula al poder político con la evasión de impuestos millonaria.
La detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder del cártel de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, expuso hasta dónde podrían llegar estas redes de corrupción. Romero interpretó que la captura no solo afectó a los operadores del esquema, sino que también podría alcanzar a quienes durante años se beneficiaron de la evasión fiscal.
El mecanismo del huachicol fiscal consistió en ingresar combustibles simulando otros productos para evadir el pago de impuestos. Según analistas, durante 2024 se habrían introducido 18 mil millones de litros de combustible ilegal, generando un quebranto estimado en 177 mil millones de pesos. Romero advirtió que estas pérdidas impactaron en servicios públicos: menos medicinas, menor acceso a educación y seguridad, afectando de manera tangible a las familias mexicanas.
El dirigente panista también subrayó la percepción de impunidad: mientras se reprime a quienes detectan estos delitos, las estructuras políticas parecen proteger a grandes evasores. La exigencia de Romero va más allá de las detenciones puntuales; pidió una investigación integral que alcance a todos los responsables y que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General actúen sin excepciones. La interpretación fue clara: la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven urgentes frente a un esquema que combina delincuencia y política.
A pesar de sus críticas, Romero concedió cierto margen a la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum, considerando que esta podría estar tomando medidas para investigar a los involucrados. La reflexión implícita es que la resolución del huachicol fiscal no depende de operativos policiales, sino de un compromiso real de las instituciones para erradicar redes de corrupción que afectan el presupuesto y la confianza ciudadana.
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