Moreno Guillén acerca la justicia a pueblos tsotsiles

La presencia en territorio abre la posibilidad de reconstruir la confianza en el sistema judicial desde las propias comunidades

KEVIN NARVARTE/TDN

En regiones donde la justicia ha operado a distancia, el reto no es solo aplicar la ley, sino hacerla comprensible y cercana. En Santiago El Pinar, la presencia del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén evidenció un cambio de enfoque, el cual está centrado en llevar las instituciones a territorios donde el acceso a la justicia ha sido limitado no solo por la geografía, sino por la barrera cultural.

Al incorporar el tsotsil como lengua de interlocución, el Poder Judicial buscó romper con una lógica institucional que durante años privilegió procesos ajenos a la realidad de los pueblos originarios. En Chiapas, donde más del 28 por ciento de la población habla una lengua indígena según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la traducción cultural de la justicia se volvió un elemento clave para garantizar derechos.

Moreno Guillén ha planteado una reconfiguración interna que apuntó a desmontar prácticas que alejaban a las comunidades del sistema judicial. La integración de conceptos como el “Lekil Kuxlejal” y el “Lekil Chapanel” no solo implicó reconocimiento, sino la posibilidad de incorporar principios comunitarios en la resolución de conflictos, en un estado donde más del 60 por ciento de los asuntos locales se resuelven por vías tradicionales.

Este modelo también redefinió el papel de las personas juzgadoras, al colocar su labor bajo una lógica de responsabilidad social directa. En contextos indígenas, donde las decisiones judiciales tienen impacto colectivo, el margen de error no solo afecta a individuos, sino a estructuras comunitarias completas, lo que obliga a un ejercicio más sensible y contextualizado de la ley.

El desafío será sostener estos acercamientos en el tiempo y traducirlos en resoluciones concretas, en un estado donde la desconfianza hacia las instituciones persiste, pero donde también emerge una oportunidad para reconstruir la relación entre el sistema judicial y los pueblos originarios desde su propio territorio.

“Este modelo también redefinió el papel de las personas juzgadoras, al colocar su labor bajo una lógica de responsabilidad social directa”