El enfoque humanista apuesta por escuchar directamente a la población para adaptar las decisiones institucionales a contextos culturales
KEVIN NARVARTE/TDN
En Chiapas, la justicia ha comenzado a desplazarse físicamente hacia territorios donde su presencia ha sido intermitente o distante. Desde Tecpatán, Juan Carlos Moreno Guillén encabezó un ejercicio que buscó romper con la percepción de un Poder Judicial lejano, trasladando la función jurisdiccional a espacios donde la ciudadanía no solo demanda atención, sino también reconocimiento.
El movimiento no es menor. En una entidad donde gran parte de la población enfrenta barreras geográficas, económicas y culturales para acceder a tribunales, acercar a jueces y magistrados implica replantear el modelo tradicional de impartición de justicia. Más que audiencias itinerantes, se trata de construir una narrativa institucional que priorice el contacto directo como herramienta para recuperar legitimidad.
Moreno Guillén ha colocado el concepto de “justicia con rostro humano” en el centro de su gestión, una apuesta que busca equilibrar la técnica jurídica con la sensibilidad social. Bajo esta lógica, escuchar a las comunidades no es un gesto simbólico, sino un mecanismo para ajustar decisiones a contextos donde la diversidad cultural y las dinámicas locales condicionan la forma en que se entiende el derecho.
El reto, sin embargo, radica en que este acercamiento no se diluya en actos protocolarios. Chiapas arrastra rezagos en acceso a justicia, con altos niveles de litigios no resueltos y una percepción ciudadana marcada por la desconfianza. En ese escenario, programas como el impulsado por el magistrado presidente solo podrán consolidarse si logran traducirse en resoluciones más ágiles, procesos claros y un acompañamiento efectivo para quienes enfrentan conflictos legales.
La presencia de Moreno Guillén en territorio envía un mensaje político e institucional sobre que la justicia no puede limitarse a los recintos judiciales. Su estrategia apuntó a redefinir la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, apostando por un modelo que no solo administre conflictos, sino que contribuya a recomponer el tejido social en una entidad donde la paz sigue siendo una tarea pendiente.
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