Después del escándalo, ¿qué sigue?

Rebecca Díaz

Hay noticias que no deberían convertirse en conversación cotidiana, no porque deban ocultarse, sino porque su sola existencia representa el fracaso de múltiples mecanismos que tendrían qur haber funcionado antes; cuando una agresión contra una niña, un niño o un adolescente alcanza el espacio público, la primera reacción suele ser la indignación, después llegan las exigencias de justicia, los posicionamientos institucionales, las investigaciones y, con frecuencia, el inevitable ciclo informativo que termina desplazando la atención hacia otro asunto.

Sin embargo, en los casos que involucran a la niñez, el verdadero desafío comienza cuando las cámaras se apagan.

La infancia es, por definición, una etapa de dependencia donde los niños confían porque aún están aprendiendo a identificar el peligro, dependen de los adultos para comprender el mundo, para sentirse seguros y para distinguir aquello que está bien de aquello que nunca debería ocurrir. Esa condición de confianza es precisamente la que los vuelve especialmente vulnerables cuando quienes tendrían la obligación de protegerlos fallan.

Por ello, frente a hechos que conmocionan a una sociedad, conviene resistir la tentación de convertir el dolor en espectáculo, cada dato innecesario, cada imagen compartida sin reflexión, cada comentario que alimenta el morbo o la especulación puede convertirse en una nueva forma de violencia, la protección de la niñez no termina en la investigación de un delito; también implica proteger su identidad, su dignidad y la posibilidad de reconstruir su vida lejos del juicio público.

Quizá por eso una de las preguntas más importantes no sea únicamente qué ocurrió, sino qué debemos hacer para que no vuelva a suceder.

La prevención sigue siendo el eslabón más débil de muchas políticas públicas y durante años se ha insistido en reaccionar cuando el daño ya está hecho, mientras que la construcción de entornos seguros suele quedar relegada a campañas esporádicas o esfuerzos aislados. Hablar de prevención no significa sembrar miedo entre madres, padres o cuidadores; significa generar herramientas para reconocer señales de alerta, fortalecer la educación afectiva y el respeto al cuerpo, promover canales de denuncia accesibles y formar adultos capaces de escuchar antes de minimizar.

La protección de la infancia tampoco puede descansar únicamente en las familias, las escuelas, las instituciones de salud, los sistemas de asistencia social, las fiscalías, los municipios y la propia comunidad forman parte de una red que solo funciona cuando todos asumen su responsabilidad. Un docente que identifica cambios bruscos de conducta, un médico que sabe detectar indicadores de violencia, una autoridad que actúa con sensibilidad y rapidez, o un vecino que decide denunciar en lugar de guardar silencio pueden marcar la diferencia entre una intervención oportuna y una tragedia prolongada.

También es momento de recordar que el acceso a la justicia para las niñas y niños exige algo más que procesos penales, requiere investigaciones profesionales, atención psicológica especializada, acompañamiento integral y procedimientos que eviten cualquier forma de re victimización. El objetivo no puede limitarse a sancionar cuando corresponda; debe ser garantizar que quienes atraviesan una experiencia traumática tengan condiciones reales para recuperar su proyecto de vida.

Como sociedad, tampoco estamos exentos de una responsabilidad que suele pasar desapercibida: la forma en que consumimos información.

En la era digital, un clic basta para multiplicar imágenes, videos o versiones que pueden permanecer en internet durante años, la curiosidad nunca puede estar por encima del interés superior de la niñez, informar es indispensable; exhibir no lo es.

Quizá esa sea la conversación que merece permanecer una vez que termine el ruido mediático, no la del escándalo pasajero, sino la de las decisiones que estamos dispuestos a tomar para fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la coordinación institucional y construir espacios donde niñas, niños y adolescentes crezcan con la certeza de que los adultos estarán a la altura de la confianza que depositan en ellos.

Porque una sociedad verdaderamente comprometida con su infancia no se define únicamente por la capacidad de castigar cuando ocurre una agresión, se reconoce (sobre todo) por todo aquello que hizo antes para evitar que sucediera.

Y esa es una tarea que no admite pausas, colores partidistas ni calendarios políticos, es una responsabilidad permanente que comienza mucho antes de que una historia llegue a los titulares y continúa mucho después de que éstos hayan dejado de hablar de ella.