La justicia aún queda lejos para mujeres indígenas

La distancia, el idioma y las condiciones de cada comunidad pueden convertir una denuncia en un proceso difícil

KEVIN NARVARTE/TDN

En Chiapas, llegar a la justicia no depende únicamente de que una mujer decida denunciar, para miles de mujeres indígenas, el acceso está condicionada por el lugar donde viven, la lengua que hablan y las posibilidades que tienen para enfrentarse a una institución que puede resultar ajena. La violencia, por eso, no termina con la agresión, pues después comienza otra lucha para conseguir atención y protección.

Los datos ayudan a dimensionar el tamaño de esa brecha, pues más de un millón de personas hablan alguna lengua indígena en el estado y alrededor de 14% de ellas no habla español, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuando una víctima necesita contar lo ocurrido ante una autoridad y no encuentra personal que pueda comunicarse con ella, el problema deja de ser lingüístico y se convierte en una dificultad para ejercer un derecho.

La desigualdad también aparece en algo tan básico como el traslado, una mujer que vive en una comunidad alejada puede necesitar dinero, tiempo y compañía para llegar, hasta una instancia de procuración de justicia. Cada uno de esos requisitos puede convertirse en un motivo para posponer la denuncia, sobre todo cuando la víctima depende económicamente de su familia o permanece cerca de la persona que la agredió.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares mostró parte del problema, más de la mitad de las mujeres que han vivido violencia en Chiapas no busca ayuda ni presenta una denuncia. Esa cifra habla de una relación deteriorada entre las víctimas y las instituciones, donde el temor a no ser escuchadas, la falta de seguimiento de los casos y la percepción de que investigación puede quedar archivada terminan por desalentar la búsqueda de justicia.

En las comunidades indígenas, además, romper el silencio puede significar enfrentarse al propio entorno. Cuando el agresor pertenece a la familia o un círculo cercano, denunciar puede alterar relaciones, dependencias y formas de vidas arraigadas. Reformas como la Ley Petrona representan un avance, pero el desafío está en conseguir que esas disposiciones lleguen a mujeres que todavía encuentran demasiadas puertas antes de alcanzar una autoridad que las escuche.