Artesanas desconocen la ley que protege sus diseños

Advierten que las barreras de idioma y el desconocimiento de los trámites dificultan que las mujeres puedan defender sus bordados

DAMIÁN CERVANTES/TDN

Para una artesana, un bordado puede representar meses de trabajo, conocimientos aprendidos dentro de la familia y una forma de sostener a su comunidad. El problema aparece cuando ese diseño termina en manos de terceros que lo reproducen para vender ropa, accesorios y otros productos. En esos casos, muchas mujeres todavía desconocen que existe una ley que reconoce sus derechos sobre esas expresiones culturales y les permite actuar ante un uso no autorizado.

La asociación civil K’inal Antsetik advirtió que tener una legislación no garantiza por sí misma que llegue a quienes pretende proteger. En Chiapas, más de un millón de personas hablan alguna lengua indígena y 14.8% de ellas no habla español, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para una artesana que no domina el español, encontrarse con una norma llena de términos jurídicos puede convertirse en una barrera antes de siquiera conocer que tiene derecho a reclamar.

La legislación establece que las comunidades pueden decidir sobre el uso de sus expresiones culturales y reclamar cuando sus diseños son copiados, utilizados o comercializados sin autorización. También contempla la posibilidad de presentar denuncias y solicitar una reparación por el daño. El reto está en convertir ese derecho escrito en una herramienta que una artesana pueda reconocer y utilizar cuando detecte que alguien se apropió de su trabajo.

La dimensión del problema también se observa en el número de mujeres que dependen de esta actividad. Un taller dedicado a conservar los textiles tradicionales Los Altos reúne a 180 artesanas de 11 municipios, según la Secretaría de Cultura, mientras que registros oficiales señalaron que 969 mujeres artesanas recibieron apoyos de promoción y comercialización durante cinco años. Detrás de cada pieza hay familias y comunidades para las que proteger un diseño también significa defender una fuente de ingresos.

K’inal Antsetik ha identificado iconografías de siete comunidades de San Andrés Larráinzar, un primer paso para reconocer el origen de esos elementos, pero la protección requiere algo más. Las artesanas necesitan saber ante quién acudir, dónde presentar una denuncia, qué documentos reunir y cómo responder cuando un diseño aparece en productos ajenos. Sin ese conocimiento, una ley que reconoce sus derechos puede permanecer lejos de quienes más necesitan utilizarla.