La empresa Comercializadora JVLY recibió 63.2 millones de pesos del INE y 129.7 millones del instituto electoral poblano
AGENCIAS/TDN
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no representa necesariamente un cambio en las prácticas que marcaron su administración, pues la llegada de Blanca Yassahara Cruz García colocó bajo escrutinio la relación entre las autoridades electorales y las empresas encargadas de suministrar materiales para los comicios, una de ellas señalada por irregularidades en contratos millonarios con el organismo federal.
El relevo adquiere especial importancia porque Cruz García presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla entre 2022 y abril de 2026, periodo en el que esa institución contrató por 129.7 millones de pesos a Comercializadora JVLY para fabricar urnas, mamparas y materiales de simulacro y capacitación, la misma compañía que recibió 63.2 millones del INE mediante una adjudicación directa en marzo de 2024 y que posteriormente transfirió casi todo el dinero a otras empresas y una persona física.
Las coincidencias entre ambos expedientes van más allá del nombre del proveedor, la Auditoría Superior de la Federación documentó que JVLY declaró 76 trabajadores ante el IMSS sin tener personal registrado, que nueve empresas y una persona física recibieron recursos en menos de tres semanas y que algunas de las compañías involucradas no pudieron ser localizadas, mientras que las revisiones a su contrato con el INE también encontraron diferencias entre los materiales solicitados y los que finalmente recibieron las áreas del organismo.
La designación de Cruz García abrió un cuestionamiento sobre la capacidad de la nueva conducción para revisar las decisiones de la administración anterior, especialmente cuando durante su gestión en Puebla se autorizó un contrato con la misma empresa que ahora aparece en investigaciones por posibles irregularidades, a esto se suman las observaciones abiertas por 138 millones de pesos en el instituto poblano, de los cuales 129.7 millones corresponden precisamente a esa contratación.
El problema institucional no termina con la renuncia de Taddei ni con el anuncio de suspender nuevas entregas de contratos y revisar los nombramientos de funcionarios, pues la credibilidad del árbitro electoral también depende de que se esclarezcan las adjudicaciones otorgadas, se determinen responsabilidades y se explique por qué una empresa cuestionada por sus operaciones con el INE volvió a recibir recursos públicos desde otro organismo electoral.
“La credibilidad del árbitro electoral también depende de que se esclarezcan las adjudicaciones otorgadas”
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