Nuevos apoyos como Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa marcan un giro hacia la intervención comunitaria directa
AGENCIAS/TDN
El anuncio de casi un billón de pesos en programas sociales para 2025 reveló más que una política de asistencia: es una declaración sobre el rumbo que busca marcar el Gobierno Federal en un año crucial. La Secretaría de Bienestar confirmó que esta cifra histórica alcanzará a más de 30 millones de personas, lo que convierte al gasto social no solo en un mecanismo de apoyo directo, sino también en un pilar de estabilidad política y social en el país.
El programa insignia sigue siendo la Pensión para Adultos Mayores, que absorberá casi la mitad del presupuesto con más de 483 mil millones de pesos. Esta decisión no sorprende: el envejecimiento de la población mexicana obliga a los gobiernos a diseñar políticas que garanticen un mínimo de seguridad en la vejez, especialmente en un contexto donde las pensiones laborales resultan insuficientes para la mayoría.
Otros programas, como Sembrando Vida y las becas educativas, mantienen su peso en la estrategia oficial, aunque con montos mucho menores frente a la pensión de adultos mayores. El primero, con 39 mil millones, busca sostener a quienes trabajan la tierra, mientras que los apoyos educativos apenas superan los 28 mil millones. En ambos casos, la apuesta no solo es económica, sino cultural: frenar la migración del campo y mantener a los jóvenes en las aulas. Sin embargo, los recursos asignados muestran que la prioridad real del gobierno está más concentrada en la atención a la tercera edad.
La creación de programas nuevos como Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa abrió un capítulo interesante: se pasa del apoyo económico a la intervención directa en la vida comunitaria. El primero pretende apoyar a un millón de mujeres, mientras que el segundo busca llegar hasta los hogares con 20 mil profesionales de la salud contratados para visitas domiciliarias. Esta medida, inédita en su dimensión, no solo coloca al Estado dentro de la esfera íntima de las familias, sino que también abrió preguntas sobre la capacidad real de sostener esa cobertura en todo el país.
En conjunto, la estrategia presentada por la Secretaría de Bienestar parece orientarse a consolidar un legado: convertir la política social en un derecho percibido como irrenunciable. No obstante, el tamaño del gasto obliga a preguntarse si este modelo es sostenible más allá del sexenio. Con programas cada vez más amplios y costosos, el desafío no será solo entregar los apoyos en 2025, sino definir cómo se financiarán en los años venideros.
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