La selección de equipos extranjeros ocurrió después de que el gobierno colombiano rechazara al inicio la ayuda internacional
AGENCIAS/TDN
El gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella decidió limitar la llegada de equipos extranjeros de búsqueda y rescate tras el terremoto que golpeó al país, con una selección que ha generado cuestionamientos por el criterio utilizado. La ayuda fue autorizada para grupos procedentes de Estados Unidos. El Salvador, Ecuador e Israel, considerados países aliados de su administración.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) justificó la decisión con argumentos relacionados con la certificación internacional de los equipos. Su director, David Tamayo, afirmó que los grupos aceptados cuentan con conocimiento bajo el protocolo INSARAG de Naciones Unidas, aunque el listado también contempló unidades de otros países, entre ellos México.
Esa diferencia abrió dudas sobre la verdadera razón para excluir a determinados equipos. La internacionalista Sandra Borda cuestionó que México no fuera considerado bajo el mismo criterio, mientras que los Topos Tlaltelolco aseguraron que la UNGRD no autorizó su ingreso al país. La organización mexicana señaló que respetó la decisión pese a su disposición para participar en las labores de rescate.
El caso contrastó con la presencia de 20 integrantes de Topos Azteca en Cali, quienes lograron incorporarse a las tareas de búsqueda por autorización del alcalde Alejandro Eder. El grupo llegó desde Venezuela, donde había participado durante 41 días en labores de rescate tras los terremotos registrados en Junio, por lo que su experiencia reciente representa un recurso adicional en una emergencia que exige capacidad especializada.
La postura del gobierno también marcó un cambio frente a la negativa inicial de De la Espriella a recibir rescatistas extranjeros, bajo el argumento de que Colombia tenía capacidad para atender por cuenta propia la emergencia. La posterior autorización, limitada a países considerados aliados, trasladó la discusión del terremoto estrictamente operativo al político, justo cuando la prioridad en las zonas devastadas es localizar a posibles sobrevivientes bajo los escombros.
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