¿No hay más gente, gobernador?

Rebecca Díaz

En Chiapas, el servicio público comienza a parecerse menos a una convocatoria abierta al talento y más a una partida de ajedrez jugada entre los mismos apellidos, las piezas cambian de casilla, pero rara vez aparece una nueva sobre el tablero.

La pregunta es inevitable: ¿el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no tiene más gente?

No se trata de negar que algunas de las personas recientemente nombradas tengan estudios, experiencia o aptitudes, Alejandra Gómez Mendoza, por ejemplo, es ingeniera civil, ha trabajado en el sector de la construcción y presidió en el Congreso la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sobre el papel, su llegada a la Comisión Estatal de Caminos puede justificarse técnicamente, pero gobernar no consiste únicamente en encontrar una coincidencia curricular para vestir una decisión política, también implica explicar por qué los cargos públicos circulan entre un grupo tan reducido; dónde quedó la apertura a nuevos perfiles y por qué quienes abandonan una responsabilidad casi inmediatamente reciben otra.

En menos de dos años, dos presidentes consecutivos del Congreso de Chiapas solicitaron licencia y terminaron incorporados al Poder Ejecutivo, el primero fue Luis Ignacio Avendaño quien al concluir el primer año legislativo pidió licencia como diputado para irse al ISSTECH y en junio de 2026 el gobernador lo nombró secretario de Salud sustituyendo al doctor Omar Gómez Cruz, quien tampoco quedó desempleado ni fuera del sistema: fue trasladado a la Coordinación de Proyectos Hospitalarios del Centro de Cancerología y Pueblos Olvidados.

La silla cambió de ocupante, el ocupante cambió de oficina y nadie abandonó realmente el tablero.

Después vino Alejandra Gómez Mendoza quien el 1 de octubre de 2025 fue elegida por unanimidad como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y no terminó el año legislativo para el cual había sido designada, solicitó licencia indefinida y casi sin dejar enfriar la curul, el gobernador le tomó protesta como titular de la Comisión Estatal de Caminos donde hasta unos minutos antes el ingeniero Rafael Ruiz Morales aparecía públicamente como director general de esa Comisión, supervisando obras, participando en giras y hablando de proyectos carreteros, ahora queda por saber si saldrá del gobierno, será reubicado o simplemente recibirá otra silla cuando termine la siguiente ronda.

Para cubrir el espacio dejado por Alejandra fue designada Marcela Castillo Atristain, diputada de Morena por el Distrito I de Tuxtla Gutiérrez, secretaria de la propia Mesa Directiva y presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo.

Formalmente, debe hacerse una precisión: la Ley Orgánica del Congreso establece que la Mesa Directiva dura un año legislativo, por ello, el relevo de Luis Ignacio Avendaño por Alejandra Gómez, ocurrido en octubre de 2025 fue ORDINARIO, lo que no resulta ordinario es que dos presidentes consecutivos hayan dejado su representación popular y posteriormente hayan recibido nombramientos del gobernador, tampoco es menor que una tercera legisladora haya tenido que asumir la conducción del Poder Legislativo antes de concluir el periodo de su antecesora, así que el problema no es solamente que Chiapas tenga una tercera presidencia legislativa desde 2024, el problema es el caminito que parece haberse establecido entre el Congreso y el gabinete: primero se ocupa una posición de representación, después se solicita licencia y finalmente se recibe un nombramiento en el Ejecutivo.

El Congreso comienza a parecer una sala de espera del gabinete estatal

Aquí es donde aparece la parte más interesante de los enroques: los perfiles beneficiados no necesariamente nacieron políticamente en el círculo más cercano de Eduardo Ramírez, algunos tienen padrinos, antecedentes o pertenencias vinculadas con corrientes que en otros momentos disputaron espacios al actual gobernador, “La inge” Alejandra Gómez Mendoza es relacionada públicamente con el grupo encabezado por José Antonio Aguilar Castillejos, conocido en los pasillos de Morena como “el grupo de los gordos”, una denominación política utilizada para referirse a la corriente construida alrededor de Aguilar Castillejos, exdirigente de Morena, alrededor de su corriente han sido mencionados Ciro Sales Ruiz, expresidente estatal de Morena y actual coordinador de Prevención Social de la Violencia dentro de la Fiscalía de Chiapas; Marcelo Toledo Cruz, exdirigente y exdiputado local; Albania González Pólito, secretaria de Movilidad y Transporte; la diputada federal Karina Margarita del Río Zenteno, y distintos operadores territoriales como Emiliano Villatoro Alcázar, Adriana Blas Solís y Marco Antonio Ruiz López.

En 2021, militantes de Morena impugnaron decenas de candidaturas municipales y acusaron a Ciro Sales y Aguilar Castillejos de intervenir en su selección, también circuló la acusación de una supuesta venta de candidaturas, pero hasta ahora no existe una resolución pública que permita presentarla como un hecho comprobado, lo acreditado es la inconformidad interna y la disputa por el control de las candidaturas, Alejandra Gómez ha aparecido públicamente en reuniones y actividades con Aguilar Castillejos, Marcelo Toledo y organizaciones cercanas a esa estructura, como Construyendo el Bienestar de Chiapas, el propio Aguilar Castillejos la felicitó “con mucho aprecio” por su llegada a la Comisión Estatal de Caminos.

Antes de militar en Morena, Gómez Mendoza también reconoció haber participado en 2021 como suplente de una candidatura de la coalición PAN-PRI-PRD y pasó de aquella alianza a ser diputada de Morena por el Distrito XII de Pichucalco; posteriormente presidió el Congreso y ahora dirige una institución estatal responsable de infraestructura carretera, ACLARO, no es ilegal cambiar de partido ni construir nuevas alianzas, lo que merece explicación es la velocidad con la que algunas personas atraviesan partidos, distritos, poderes y dependencias sin que el ciudadano alcance a saber qué proyecto representan, a quién responden o qué resultados justifican cada ascenso.

Marcela Castillo representa otra corriente.

Su trayectoria está ligada principalmente al exalcalde de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez, fue directora del Instituto Municipal de la Juventud y del Emprendimiento durante su administración, regidora del Ayuntamiento y posteriormente candidata y diputada local por Morena, Castillo y Morales han aparecido relacionados con la asociación Recuperemos Tuxtla A. C., cuya promoción mediante bardas y actividades públicas ha despertado versiones sobre una eventual candidatura del exalcalde para recuperar la Presidencia Municipal de la capital en 2027; en abril de 2026 ambos fueron denunciados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, la denuncia existe y debe investigarse, pero no equivale todavía a una responsabilidad acreditada.

Lo políticamente relevante es que Marcela Castillo no aparece sólidamente identificada como integrante de “los gordos”, su origen inmediato está en el grupo de Carlos Morales, sin embargo, ahora presidirá el Congreso con el respaldo del mismo bloque mayoritario que ha acompañado las decisiones del gobernador y del operador central de Morena dentro del Legislativo.

Entonces el movimiento admite otra lectura.

Quizá Eduardo Ramírez no está premiando solamente a sus aliados, quizá está incorporando a personas vinculadas con grupos distintos para mantenerlas dentro de espacios institucionales, sujetas a responsabilidades públicas y alejadas de una operación electoral completamente autónoma.

En política, integrar también puede ser una manera elegante de neutralizar.

Alejandra Gómez, mencionada entre los posibles perfiles interesados en Tuxtla, se le coloca al frente de Caminos, el nombramiento puede fortalecer su presencia territorial, pero también la obliga a responder directamente al gobernador y a cargar con los resultados, retrasos, contratos, presupuestos y conflictos de una de las áreas más sensibles del estado, a Marcela Castillo, vinculada con Carlos Morales y con el proyecto Recuperemos Tuxtla, se le entrega temporalmente la conducción del Congreso, recibe visibilidad institucional, pero también queda sometida a la disciplina de la mayoría legislativa, a los acuerdos de la Jucopo y a una responsabilidad que limita cualquier movimiento abiertamente electoral.

Mientras tanto, otros aspirantes recorren colonias, pintan bardas, crean asociaciones, construyen estructuras y se toman fotografías rumbo a 2027.

El tablero está lleno de posibles adversarios para quien resulte ser el candidato o candidata del gobernador en Tuxtla, por eso los nombramientos pueden servir para algo más que cubrir vacantes: permiten ordenar ambiciones, comprometer lealtades, dividir estructuras y colocar bajo supervisión a quienes podrían competir contra el proyecto oficial.

La política chiapaneca ha utilizado durante décadas ese método, al adversario no siempre se le confronta a veces se le nombra.

Se le entrega una oficina, un presupuesto, una responsabilidad complicada y una fotografía de toma de protesta, si tiene éxito, el gobierno se adjudica el resultado, si fracasa, queda políticamente desgastado y si pretendía competir por otro cargo, primero tendrá que explicar por qué abandonó el que acaba de recibir.

Es una jugada eficaz, aunque poco renovadora.

Porque mientras los mismos grupos reparten, intercambian y ocupan posiciones, fuera del círculo quedan profesionistas, académicos, técnicos, especialistas, jóvenes, mujeres, representantes indígenas y servidores públicos de carrera que nunca tienen padrino suficiente para entrar al tablero.

¿Dónde están los nuevos perfiles de la “Nueva ERA”?

¿Dónde están las convocatorias, la evaluación curricular, la experiencia especializada y la incorporación de personas que no provengan de los mismos ayuntamientos, dirigencias, grupos parlamentarios y equipos de campaña?

¿Alejandra Gómez era la única ingeniera con capacidad para dirigir la Comisión Estatal de Caminos?

¿Marcela Castillo era la única legisladora capaz de presidir el Congreso?

¿O eran, simplemente, las piezas políticamente disponibles para resolver varios problemas de una sola jugada?

El gobernador tiene derecho a integrar su equipo y realizar los ajustes que considere necesarios, pero los nombramientos públicos no son premios de consolación, herramientas para administrar adversarios ni estaciones de paso hacia las elecciones de 2027.

Cada enroque cuesta dinero, tiempo institucional y curva de aprendizaje. También afecta la continuidad de programas que deberían importar más que las aspiraciones de quienes los encabezan.

En Chiapas no faltan personas capacitadas.

Lo que parece faltar es voluntad para mirar fuera del pequeño círculo donde todos se conocen, se enfrentan, se reconcilian, se felicitan y finalmente intercambian las mismas sillas.

Tal vez Eduardo Ramírez sí tiene más gente, el problema es que… hasta ahora, prefiere seguir jugando con las mismas piezas.