El debate legislativo giró en torno a la convivencia entre los sistemas normativos comunitarios y el marco constitucional
KEVIN NARVARTE/TDN
El Congreso de Chiapas aprobó una reforma al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, con la que se reforzó el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en el acceso a la propiedad, la posesión y la herencia, en condiciones de igualdad dentro del marco jurídico estatal, en un tema que toca de forma directa la vida comunitaria y las estructuras tradicionales que han regulado la distribución de la tierra.
La modificación establece que ninguna práctica o disposición interna podrá restringir derechos fundamentales cuando exista una afectación al principio de igualdad reconocido en la Constitución, lo que implica que los sistemas normativos de los pueblos originarios deberán armonizarse con el respeto pleno a los derechos humanos, especialmente en lo relacionado con el acceso de las mujeres a bienes y patrimonio familiar.
Durante la discusión legislativa se puso sobre la mesa la relación entre la autonomía de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, bajo la idea de que ambos principios no son incompatibles, sino que pueden convivir dentro de un mismo marco de respeto, siempre que se garantice que la libre determinación no se traduzca en exclusión o limitación de derechos para las mujeres en sus comunidades.
La reforma también contempló el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de acceso a la justicia, con el objetivo de que los derechos reconocidos no queden únicamente en el texto legal, sino que puedan ejercerse en la práctica cotidiana, especialmente en casos donde existan situaciones de desigualdad o falta de reconocimiento en el acceso a la tierra, la propiedad o la herencia.
Con esta aprobación, el Congreso estatal avanzó en una actualización del marco jurídico en materia indígena con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, al incorporar cambios que buscan reducir brechas históricas en el acceso de las mujeres a la propiedad y reforzar su participación en decisiones fundamentales dentro de sus comunidades.
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