La diversidad territorial de Chiapas obliga a fortalecer el diálogo previo con las comunidades para evitar inconformidades
DAMIÁN CERVANTES/TDN
Antes de que comiencen las campañas y la organización formal de la elección de 2027, en Chiapas ya aparece uno de los principales retos para las autoridades electorales que es garantizar que los conflictos comunitarios no impidan que miles de personas puedan participar en las urnas. En algunas regiones del estado, las diferencias con gobiernos municipales y autoridades locales han llevado a habitantes a plantear que no permitirán la instalación de casillas hasta que sus demandas sean atendidas.
El problema no está relacionado con un solo municipio, sino con una realidad donde las decisiones públicas pueden generar inconformidades cuando las comunidades consideran que no fueron escuchadas. Desde cambios administrativos hasta disputas por servicios, territorio o representación, los reclamos locales pueden convertirse en obstáculos para una jornada electoral que requiere acuerdos y condiciones de seguridad en cada punto donde se instalarán centros de votación.
Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en Huixtla, donde habitantes de la colonia Aquiles Serdán mantienen su rechazo a la propuesta de modificar el nombre de su comunidad. Para los pobladores, el cambio representa una decisión tomada sin consenso, por lo que han expresado que podrían impedir la instalación de casillas si no existe un diálogo con las autoridades municipales.
La dimensión del reto se explica por las características del territorio chiapaneco. El estado cuenta con más de 20 mil localidades registradas y una amplia dispersión poblacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que significa que muchos procesos comunitarios dependen del diálogo directo entre autoridades y habitantes. En zonas donde existen conflictos acumulados, una diferencia local puede escalar hasta afectar actividades de interés público.
Ante este panorama, el Instituto Nacional Electoral inició una revisión preventiva de las zonas donde podrían surgir complicaciones para el proceso de 2027. La estrategia busca detectar con anticipación conflictos sociales, políticos, agrarios o religiosos que puedan afectar la instalación de casillas, mientras las comunidades mantienen la exigencia de ser tomadas en cuenta antes de que la elección llegue a sus territorios.
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