Contar con un contrato o recibo de pago no siempre garantiza la propiedad, en especial cuando se trata de terrenos bajo régimen ejidal
KEVIN NARVARTE/TDN
Tapachula arrastra un rezago en la regularización de tierras que afecta a familias que llevan años construyendo su vida en una colonia, pero todavía no cuentan con un documento que acredite legalmente la propiedad del terreno. El problema puede pasar desapercibido mientras la vivienda se mantiene como patrimonio familiar, pero aparece cuando llega el momento de vender, heredar o realizar algún trámite.
La situación tiene relación con la forma en que está distribuido el territorio chiapaneco, ya que, el 59.4% de la superficie estatal corresponde a propiedad social, de la cual 82% son ejidos y 18% comunidades, una condición que hace que la certeza sobre un terreno requiera revisar derechos y procedimientos que van más allá de contar con un contrato o comprobante de pago.
En Tapachula, donde existen más de 96 mil viviendas particulares habitadas, el crecimiento urbano ha acercado nuevas colonias a zonas que anteriormente tenían un uso agrícola. Ese proceso dejó espacios donde las familias ya construyeron casas, contrataron servicios y echaron raíces, aunque la documentación del terreno todavía no ha quedado completamente regularizada.
Uno de los principales riesgos aparece cuando la compra de un terreno se confunde con la adquisición automática de la propiedad. Un recibo o contrato puede demostrar que hubo una operación, pero cuando se trata de terrenos ejidales es necesario conocer primero quién posee los derechos y qué procedimiento corresponde para regularizar la situación. Por eso algunas familias pueden tener una vivienda consolidada y, al mismo tiempo, incertidumbre jurídica sobre el suelo donde fue construida.
Resolver estos casos permitiría evitar que el problema se convierta en una carga para hijos y nietos, especialmente cuando la propiedad familiar cambia de generación. En una ciudad que continúa expandiéndose, la regularización de los terrenos representa una tarea pendiente para brindar certeza a quienes ya habitan esas colonias y necesitan que los documentos respalden legalmente el patrimonio que han construido durante años.
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