Inicia su gobierno con el desafío de reducir la inseguridad, unir a una sociedad dividida y responder a las altas expectativas de la población
AGENCIAS/TDN
La llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú abrió una nueva etapa política marcada por la promesa de combatir la inseguridad que afecta al país. Tras rendir protesta ante el Congreso para el periodo 2026-2031, la nueva mandataria aseguró que una de sus prioridades será enfrentar al crimen organizado, un problema que en los últimos años ha incrementado la percepción de violencia entre la población y se ha convertido en una de las principales exigencias ciudadanas.
Su triunfo también representó el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno después de más de dos décadas. La victoria llegó tras una elección cerrada y luego de tres intentos fallidos por alcanzar la presidencia, un resultado que reflejó la profunda división política que existe en Perú, donde una parte de la población ve en Fujimori una operación para recuperar el orden, mientras otra mantiene reservas por el pasado de su movimiento político.
Entre las primeras señales del nuevo sexenio quedó claro que la confrontación política seguirá presente. Durante la ceremonia de toma de posesión, legisladores de izquierda abandonaron el recinto en señal de rechazo, un episodio que anticipa un escenario complejo para construir acuerdos en un país que ha vivido años de inestabilidad, con cambios constantes de gobierno una relación tensa entre el Ejecutivo y el Congreso.
La presidenta ha adelantado que impulsará una estrategia de mano dura para contener la delincuencia, una propuesta que cuenta con respaldo entre sectores que consideran urgente recuperar la seguridad en las calles. Sin embargo, especialistas y parte de la oposición advierten que el desafío no solo pasa por reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad, sino también por fortalecer las instituciones y atender las causas que favorecen el crecimiento del crimen organizado.
El inicio del gobierno de Keiko Fujimori también colocó a Perú dentro del grupo de países latinoamericanos encabezados por administraciones de derecha, en un contexto de cambios políticos en la región. Su capacidad para reducir la violencia, recuperar la confianza de una sociedad dividida y mantener la estabilidad institucional marcará el rumbo de un mandato que comienza con altas expectativas y una presión constante por entregar resultados.
“La presidenta ha adelantado una estrategia de mano dura para contener la delincuencia”
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