La democracia también se disputa en la agenda

Andrea Flores Mena

Una de las formas más discretas de ejercer el poder consiste en decidir de qué se habla. Antes de que una autoridad anuncie un programa o apruebe un presupuesto, alguien consiguió que cierto problema fuera reconocido como importante, otros quedaron fuera de la conversación, esa selección, presentada con frecuencia como una cuestión técnica, es profundamente política.

En México atendemos la disputa por los cargos y las mayorías, pero olvidamos otra pregunta: ¿quién influye en la definición de aquello que el gobierno considera urgente? Entre una necesidad social y su incorporación a la agenda pública existe un territorio de intereses, negociaciones y relaciones de poder.

La teoría de las redes de políticas públicas ayuda a comprenderlo, Erik-Hans Klijn ha estudiado cómo las decisiones se producen mediante relaciones entre actores interdependientes, el Estado tiene autoridad pero no todo el conocimiento, las organizaciones civiles conocen necesidades poco visibles; las universidades aportan evidencia; los sectores productivos movilizan recursos y las comunidades poseen una experiencia que ninguna oficina puede sustituir.

Esta interdependencia desmiente la imagen del gobierno que decide y ejecuta en solitario. Gobernar supone escuchar, coordinar y negociar, a eso apunta la gobernanza: no a diluir la responsabilidad estatal, sino a reconocer que los asuntos públicos se construyen en una sociedad plural.

Sin embargo, sería ingenuo confundir redes con democracia, una mesa plural no garantiza igualdad de voces, quien dispone de financiamiento, contactos o acceso cotidiano a las autoridades suele tener más posibilidades de convertir sus intereses en prioridades, quienes padecen las consecuencias de las decisiones pueden continuar excluidos.

Ahí está la paradoja: las redes pueden ampliar la participación, pero también perfeccionar los mecanismos de exclusión, pueden abrir las instituciones o reunir siempre a los mismos, no basta con contar cuántas organizaciones fueron convocadas; importa saber quién pudo cuestionar el diagnóstico y modificar la decisión final.

Pensemos en el acceso al agua, la movilidad urbana o la educación rural, su significado cambia según quién los describa, para una dependencia, el agua puede ser una cifra de cobertura; para una familia, son horas dedicadas a conseguirla, para un escritorio, la movilidad es una obra vial; para quien cruza la ciudad, es tiempo perdido, dinero y oportunidades restringidas. Esa distancia exige reconocer la experiencia social como conocimiento legítimo.

Chiapas permite advertir esta tensión, aunque no es una excepción nacional, su diversidad territorial y cultural exige algo más que decisiones uniformes formuladas desde las capitales, una política que no conversa con sus destinatarios corre el riesgo de confundir presencia institucional con solución pública, una consulta convocada cuando todo está decidido quizá produzca fotografías de participación, pero no corresponsabilidad.

Tampoco se trata de idealizar a la sociedad civil. Las organizaciones tienen agendas, jerarquías y contradicciones, por eso necesitamos reglas transparentes, deliberación pública y rendición de cuentas, colaborar exige mostrar quién gana, quién cede y quién queda fuera.

Hay, además, una exigencia irrenunciable: el gobierno conserva la obligación de decidir y responder por sus decisiones, compartir la construcción de una política no significa privatizar la autoridad ni trasladar sus fracasos a la ciudadanía, significa ejercer el poder con mayor inteligencia democrática y someter sus prioridades al escrutinio de quienes viven sus consecuencias.

Quizá debamos revisar cómo evaluamos a nuestros gobiernos, preguntamos cuántas obras entregaron, cuánto presupuesto ejercieron o cuántos programas anunciaron, preguntamos menos quién definió esas prioridades, que voces si fueron tomadas en cuenta, qué alternativas fueron descartadas y qué voces no tuvieron siquiera oportunidad de ser escuchadas.

La calidad de una democracia también se revela en sus silencios, el asunto decisivo no es solo si existen canales para participar, sino si esa participación puede alterar el rumbo de una decisión, porque cuando una sociedad no interviene en la definición de sus problemas, termina discutiendo únicamente las soluciones que otros eligieron para ella ¿Estamos construyendo una agenda verdaderamente pública o simplemente aprendimos a llamar participación a la administración del desacuerdo?