A pesar de las sentencias firmes, la capital ha evitado el pago alegando falta de recursos
AGENCIAS/TDN
La deuda que desde 1999 dejó Alejandro Gertz Manero continúa atorada en la estructura administrativa de la Ciudad de México como una herida institucional que nadie quiere asumir. Más de dos décadas después, el contrato incumplido para la compra de casi nueve mil chalecos antibalas sigue generando costos legales, tensiones políticas y un desencanto creciente sobre la capacidad del gobierno capitalino para cerrar ciclos de opacidad heredada.
A pesar de que las sentencias son firmes, inapelables y acumuladas desde diferentes instancias, la ciudad ha optado por prolongar un litigio que ya no discute si debe pagar, sino cuándo y bajo qué condiciones. Las administraciones de Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y ahora Clara Brugada han utilizado el mismo argumento: no hay recursos suficientes y el contrato, tal como fue firmado en 1999, resulta impracticable.
El caso se ha convertido en un espejo incómodo del funcionamiento burocrático: gobiernos que heredan problemas, los administran sin resolverlos y los trasladan a la siguiente gestión, creando un círculo de evasión institucional. La falta de una carta de crédito desencadenó años de litigios y multas que rebasan los cien mil pesos, mientras la empresa afectada observa cómo el tiempo degrada sus posibilidades de cobro. El contrato no fue suspendido ni anulado; solo fue ignorado.
El nuevo criterio judicial, que obliga a actualizar el monto conforme al tipo de cambio actual y recibir chalecos equivalentes al valor multiplicado por los años transcurridos, añade una capa más de complejidad. Hoy, el costo para la ciudad sería mucho mayor que el original, y a esto se suma la obligación de emitir la carta de crédito a través de HSBC, sucesor del extinto Bital.
La posibilidad de un arresto contra la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, reveló el desgaste institucional que este caso ha provocado. El amparo promovido por Sheinbaum detuvo temporalmente la medida, pero al seguir en trámite hasta octubre, la responsabilidad recae ahora en la nueva administración. Este conflicto, que nació de un contrato mal gestionado y años de evasivas, puso al descubierto cómo la desobediencia prolongada a las resoluciones judiciales termina convirtiéndose en un problema político de alto costo y en una deuda simbólica con la ciudadanía: la obligación de gobernar con responsabilidad histórica.
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