Nuevo acuerdo refuerza la vigilancia en el estado

El acuerdo se enmarcó en la política estatal de Cero Corrupción, orientada a reforzar la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana

DAMIÁN CERVANTES/TDN

En el diseño reciente de la administración pública estatal, la lucha contra la corrupción ha comenzado a depender menos de declaraciones generales y más de mecanismos de coordinación técnica entre dependencias. En ese contexto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha asumido un papel de articulación que busca pasar del control reactivo a la detección anticipada de irregularidades dentro del aparato gubernamental.

Desde esa lógica, la titular de dicha dependencia, Ana Laura Romero Basurto, ha colocado el intercambio de información como un eje operativo clave para reducir zonas grises dentro de la gestión pública. La firma del acuerdo con la Secretaría de Finanzas no solo se interpretó como un acto administrativo, sino como un intento de cerrar brechas entre áreas que tradicionalmente operan con flujos de datos fragmentados.

El enfoque del convenio apuntó a que la opacidad no siempre se origina en la corrupción directa, sino en la falta de comunicación entre instituciones, bajo esta lectura, la detección temprana de posibles responsabilidades administrativas depende de sistemas más integrados, donde la trazabilidad del gasto y la actuación de servidores públicos pueda cruzarse en tiempo real.

En paralelo, la estrategia se insertó en una narrativa de fortalecimiento del servicio público impulsada desde el gobierno estatal, donde la capacitación se vuelve un componente de prevención tanto como de profesionalización. La incorporación de programas formativos y beneficios educativos para el personal busca reducir la distancia entre la norma y su aplicación cotidiana dentro de la burocracia.

Para Romero Basurto, este tipo de acuerdos representan una transición hacia un modelo de control interno más preventivo que sancionador, donde la vigilancia institucional no se limita a castigar desviaciones, sino a anticiparlas mediante información compartida y formación constante. En esa arquitectura, la coordinación entre Finanzas y Anticorrupción se perfila como un primer paso hacia un esquema más cerrado de rendición de cuentas en Chiapas.

“La estrategia se insertó en una narrativa de fortalecimiento del servicio público impulsada desde el gobierno estatal”