Organizaciones exigieron intervención de la CNDH

La petición de activistas se enmarcó en alertas sobre vulnerabilidad y posibles abusos en el trayecto migrante

DAMIÁN CERVANTES/TDN

El avance del contingente migrante que salió de Tapachula el 24 de marzo reactivó la exigencia de organizaciones defensoras de derechos humanos para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita medidas cautelares urgentes, en un contexto donde la presión sobre el sistema migratorio en la frontera sur se mantiene en niveles críticos y con capacidad operativa rebasada.

El fenómeno de las caravanas fue interpretado por colectivos civiles como una expresión de saturación institucional en la atención a personas en movilidad, particularmente en Chiapas, donde la concentración de flujos migratorios ha convertido a Tapachula en uno de los principales puntos de contención del país.

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, México se ha consolidado como uno de los corredores migratorios más importantes del continente, mientras que la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que los perfiles de movilidad se han diversificado por factores como violencia, pobreza y desplazamiento forzado en países de origen. En paralelo, el Migration Policy Institute (MPI) estimó que los tiempos de resolución de solicitudes de asilo en la región pueden superar en promedio los seis meses.

Las denuncias sobre detenciones, revisiones y restricciones administrativas han intensificado el debate sobre el funcionamiento del sistema de protección, en un país donde, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los flujos migratorios irregulares han mostrado un crecimiento sostenido en la última década, presionando las capacidades locales de atención y registro.

En este escenario, la petición de medidas cautelares a la CNDH se enmarcó en alertas sobre riesgos en el trayecto migrante hacia el centro y norte del país, mientras organizaciones humanitarias advirtieron que la falta de mecanismos ágiles de protección incrementa la vulnerabilidad de las personas en movilidad frente a redes de tráfico y condiciones de riesgo durante su tránsito.