Con visión académica y enfoque social, la universidad se posiciona como aliada en los procesos de fiscalización pública
DAMIÁN CERVANTES/TDN
En un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve indispensable para el desarrollo institucional, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ha reforzado su compromiso participando activamente en las mesas de seguimiento del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. A través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES), y con el respaldo del Programa Universitario de Estudios Transfronterizos para el Desarrollo (PUET), la universidad ha aportado capacidades analíticas y propuestas concretas.
La coordinadora general del PUET e integrante del Consejo Consultivo, Andrea Mena Álvarez, ha liderado la participación universitaria con una visión técnica que permite vincular el conocimiento académico con los retos institucionales. Su intervención ha sido reconocida por los entes encargados de implementar la estrategia estatal, lo que valida el papel activo que puede desempeñar la universidad más allá del aula.
El involucramiento de la UNACH en estos espacios evidenció un cambio importante en la relación entre la academia y las políticas públicas: ya no solo como observadora, sino como aliada estratégica en procesos complejos como la fiscalización, la transparencia y la prevención de malas prácticas. Esta participación permite además fortalecer la cultura cívica desde la raíz, integrando a docentes y estudiantes en proyectos con impacto tangible.
Uno de los principales aportes ha sido la verificación técnica de las líneas de acción que distintos organismos públicos han desplegado. Con ello, se garantiza no solo que las acciones se implementen, sino que lo hagan con indicadores claros, metas reales y bajo un enfoque de servicio a la ciudadanía. La universidad, con ello, se convierte en un puente entre las políticas y las personas.
El reconocimiento entregado a la doctora Mena no fue solo un gesto institucional, sino un mensaje simbólico: que el combate a la corrupción no es exclusivo del aparato gubernamental. Desde las aulas y los centros de investigación también se puede trazar un nuevo modelo de gobernanza basado en el conocimiento, la vigilancia ciudadana y el compromiso ético.
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