Con la resolución, se consolida un criterio que limita el uso estratégico del litigio en casos fiscales
AGENCIAS/TDN
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un giro que dejó a las grandes corporaciones sin margen para prolongar litigios fiscales indefinidamente. Al desechar los amparos promovidos por Grupo Salinas, el Pleno envió un mensaje inequívoco: la excepcionalidad ya no puede usarse como pretexto para frenar cobros millonarios. El caso, por su dimensión y por el peso político del empresario involucrado, se convirtió en un termómetro de hasta dónde está dispuesta a llegar la Corte para defender la estabilidad tributaria del Estado.
Más allá del monto el golpe jurídico exhibió un desgaste institucional acumulado. Durante años, Elektra y TV Azteca mantuvieron congelados los créditos fiscales mediante una cadena de recursos que, según los ministros, dejó de responder a una estrategia defensiva legítima para convertirse en un mecanismo de obstrucción.
La sesión del pasado jueves fue reveladora porque la Corte ya no discutió el fondo, sino el abuso procesal. Los argumentos de los ministros centraron el foco en la buena fe litigiosa, un principio que pocas veces ocupa titulares pero que sostiene la funcionalidad del sistema. Las recusaciones simultáneas, presentadas para suspender trámites, fueron interpretadas como una distorsión del derecho a impugnar. El criterio no solo sancionó a Grupo Salinas; también sienta bases para frenar prácticas que han permitido a actores poderosos prolongar litigios por años.
La multa impuesta a Elektra, aunque simbólica frente al tamaño del adeudo, representó un parteaguas. Es la señal de que la Corte empieza a blindarse frente a estrategias de desgaste que afectan su capacidad resolutiva. El recuento del ministro presidente sobre los 28 recursos, 13 reclamaciones, 10 impedimentos y más de una decena de incidentes procesales muestra el nivel de complejidad que puede alcanzar un solo asunto cuando se utiliza el litigio como táctica dilatoria. El Pleno decidió cortar ese patrón de raíz.
El desenlace deja a Hacienda con vía libre para iniciar los cobros y coloca a Grupo Salinas ante una nueva realidad: la de un sistema judicial menos tolerante al uso estratégico del procedimiento como freno fiscal. El caso podría convertirse en referencia para futuras disputas en las que grandes contribuyentes busquen dilatar la ejecución de créditos.
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