El nuevo espacio académico permitirá a estudiantes enfrentarse a casos reales mientras brindan orientación jurídica sin costo
KEVIN NARVARTE/TDN
La apertura de un consultorio jurídico gratuito en Chiapas no solo representó un nuevo espacio académico, también evidenció una estrategia más amplia que busca vincular la formación profesional con la agenda pública de transparencia y legalidad. En este contexto, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se posicionó como un actor clave al impulsar iniciativas que llevan el discurso institucional hacia acciones concretas en la vida cotidiana.
La participación de la maestra Ana Laura Romero Basurto en la inauguración de la Consultoría Legal de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas dejó ver una intención clara de intervenir desde la prevención. Más allá de castigar irregularidades, el enfoque se orientó a formar perfiles jurídicos con criterios éticos sólidos, capaces de influir en una administración pública menos expuesta a prácticas indebidas.
Este tipo de proyectos también redefinió el papel de las universidades en la construcción del Estado de Derecho. Al acercar a las y los estudiantes a problemáticas reales, se rompe la distancia entre teoría y práctica y, al mismo tiempo, se abre una vía de acceso a la justicia para sectores que han quedado fuera del alcance de servicios legales.
El componente social del consultorio adquirió mayor peso en un entorno donde muchas personas no cuentan con recursos para defender sus derechos. La presencia de la Secretaría en este esquema implicó reconocer que el combate a la corrupción también se construye desde la formación de profesionistas y desde el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
La colaboración entre el sector académico y el gobierno estatal trascendió lo protocolario y planteó una ruta de largo plazo. La apuesta se centró en construir confianza desde la base, profesionalizar el ejercicio del derecho y acercar herramientas legales a quienes más lo necesitan, consolidando una visión más amplia de justicia en Chiapas.
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“La colaboración entre el sector académico y el gobierno estatal trascendió lo protocolario y planteó una ruta de largo plazo”
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