La profesionalización del personal permitirá fortalecer las investigaciones administrativas y garantizar la aplicación de la ley
DAMIÁN CERVANTES/TDN
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas fortaleció su estrategia de profesionalización al impulsar una capacitación especializada dirigida a contralores y personal responsable de las tareas de fiscalización. La iniciativa busca que los procedimientos administrativos se desarrollen con mayor rigor técnico y jurídico, además de consolidar una gestión pública basada en la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
Como parte de estas acciones, la titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, impartió el curso “De la Auditoría a la Sanción: La Construcción Jurídica del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)”, orientado a fortalecer las capacidades del personal encargado de integrar los expedientes que sustentan las investigaciones derivadas de las auditorías y otros procesos de control interno.
La capacitación contempló 12 horas de formación distribuidas en sesiones semanales, donde se revisan los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para elaborar correctamente el IPRA. Este documento constituye una pieza clave dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, ya que respalda las actuaciones conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El fortalecimiento de las capacidades institucionales cobró revelancia porque la calidad de los expedientes influye directamente en la certeza jurídica de las investigaciones. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las contralorías estatales realizan miles de actos de fiscalización cada año, por lo que la actualización permanente del personal contribuye a mejorar los procesos de vigilancia y control.
Con esta estrategia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca consolidar una administración pública donde la prevención de irregularidades tenga el mismo peso que la sanción. La dependencia apuesta por fortalecer el desempeño de los servidores públicos mediante herramientas que permitan garantizar procedimientos transparentes, sólidos y apegados al marco legal vigente.
“Busca consolidar una administración pública donde la prevención de irregularidades tenga el mismo peso que la sanción”
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