Reiteró su compromiso con la vigilancia del erario como eje para garantizar eficiencia y rendición de cuentas
KEVIN NARVARTE/TDN
La presencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la más reciente reunión de gabinete en Chiapas marcó un énfasis claro en la intención de colocar la transparencia como eje transversal de los proyectos de desarrollo estatal. Desde el Mirador Los Chiapa, el encuentro no solo delineó una ruta administrativa, sino que también envió un mensaje político sobre la forma en que se pretende ejecutar la inversión pública.
En ese contexto, Ana Laura Romero Basurto asumió un papel central al refrendar que el combate a la corrupción y la eficiencia institucional no serán elementos accesorios, sino condiciones obligatorias para la ejecución de obras y programas. Su participación subrayó la idea de que los proyectos sociales y de infraestructura deben estar acompañados de mecanismos de control y supervisión más estrictos.
La reunión también colocó sobre la mesa una estrategia de atención territorial enfocada en 12 pueblos históricamente rezagados, donde se concentrarán acciones en carreteras, salud, educación y agua potable. Sin embargo, el enfoque planteado no se limita a la expansión de obras, sino a su ejecución bajo esquemas de vigilancia institucional que eviten desviaciones o fallas administrativas.
Desde la visión del Ejecutivo estatal, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, el planteamiento de “prosperidad compartida” busca abarcar los 124 municipios con una lógica de distribución económica más amplia. No obstante, el papel de la Secretaría Anticorrupción aparece como contrapeso técnico para asegurar que los programas de apoyo, créditos y reactivación económica se mantengan dentro de márgenes de control y rendición de cuentas.
En este esquema, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se posicionó como un actor clave en la reconfiguración del modelo de gestión pública estatal. Su participación no solo acompañó el discurso de transformación institucional, sino que lo aterrizó en la exigencia de un gobierno más vigilado, donde la eficiencia administrativa y el combate a la corrupción se integran como condiciones para la legitimidad de la acción pública.
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“Su participación no solo acompañó el discurso de transformación institucional, sino que lo aterrizó en la exigencia de un gobierno más vigilado”

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