Proponen veto electoral por violencia política de género

El debate ocurre en un contexto de mayor participación femenina en cargos públicos estatales

KEVIN NARVARTE/TDN

La discusión sobre violencia política de género en Chiapas ha dejado de ser un asunto exclusivamente de sanciones administrativas para colocarse en el terreno de la elegibilidad electoral. La propuesta en análisis busca que quienes hayan sido sancionados por estas conductas no solo enfrenten multas o medidas correctivas, sino que pierdan la posibilidad de competir por cargos públicos, lo que representa un endurecimiento del marco democrático local.

En México, el Instituto Nacional Electoral ha documentado más de 500 casos de violencia política contra mujeres en razón de género en los últimos procesos electorales federales y locales, una tendencia que ha obligado a los estados a reforzar sus mecanismos de prevención, por lo tanto, Chiapas se mantiene dentro de las entidades con mayor número de registros en el sureste, con al menos 26 personas inscritas en el padrón de sancionados hasta 2024.

A nivel local, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha advertido en informes recientes que los municipios con mayores conflictos postelectorales suelen coincidir con aquellos donde la participación femenina en cargos de elección creció más rápido en la última década. En ese contexto, la iniciativa planteó suspender derechos político-electorales cuando exista una resolución firme, lo que transformó la sanción en un filtro de acceso al poder.

Otro eje de la reforma es la posibilidad de anular elecciones cuando se acredite que la violencia política influyó en los resultados, este mecanismo ya ha sido explorado en resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en casos aislados a nivel nacional, pero su aplicación sistemática en Chiapas implicaría un cambio relevante en la forma de entender la validez de los comicios en contiendas municipales cerradas.

El trasfondo de la discusión es el crecimiento de la representación femenina en la entidad, donde actualmente más de una quinta parte de los ayuntamientos son encabezados por mujeres y el Congreso local mantiene una paridad consolidada, sin embargo, organizaciones civiles han advertido que la presencia numérica no ha eliminado prácticas de presión política en comunidades rurales e indígenas, lo que ha llevado a las promoventes a sostener que la democracia solo puede considerarse plena si se garantiza el ejercicio libre del cargo sin violencia ni represalias.