Autoridades fiscalizadoras recibieron solicitudes para revisar la documentación del festejo, mientras continúa la demanda de transparencia
DAMIÁN CERVANTES/TDN
Las denuncias sobre la organización de la Feria de Santo Domingo de Guzmán trasladaron el debate de los escenarios a la administración del dinero público en Palenque. La exigencia de conocer quién autorizó las contrataciones y bajo qué procedimiento fueron ejercidos los recursos abrió un nuevo frente de discusión sobre la transparencia con la que se administran los eventos financiados por el Ayuntamiento.
La controversia surgió después de que la regidora Candelaria Arcos Gómez solicitara conocer la documentación relacionada con la planeación del festejo y advirtiera posibles inconsistencias en el proceso administrativo. Entre los principales cuestionamientos figura la ausencia de información que siguieron las decisiones para contratar artistas, proveedores y servicios vinculados con la feria.
El interés por esclarecer el destino de los recursos aumenta debido al tamaño de la inversión prevista para la cartelera artística de la edición 2026, que ascendió a 10 millones 730 mil pesos. La cifra adquirió relevancia en un municipio que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, albergó a más de 110 mil habitantes, quienes dependen de que el presupuesto público sea ejercido con criterios de eficiencia, legalidad y rendición de cuentas.
El caso también puso sobre la mesa la necesidad de medir el impacto económico de este tipo de celebraciones. Palenque recibe cada año cientos de miles de visitantes atraídos por su zona arqueológica, uno de los principales destinos turísticos de Chiapas, por lo que las ferias representan una oportunidad para fortalecer la actividad comercial. Sin embargo, especialistas en finanzas públicas coinciden en que esos beneficios deben ir acompañados de procesos abiertos que permitan conocer el costo y los resultados de cada inversión.
Ante ese escenario, la regidora promovió acciones ante la Auditoria Superior del Estado y el Instituto de Transparencia de Chiapas para obtener información sobre contratos, proveedores, permisos y el comité organizador. Mientras el Ayuntamiento mantiene silencio sobre los señalamientos, la atención permanece en las autoridades fiscalizadoras, de cuyo análisis dependerá aclarar si la administración de los recursos se ajustó a las disposiciones legales vigentes.
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