Las irregularidades corresponden a las auditorías del gobierno tabasqueño en 2019 y 2020
AGENCIAS/TDN
La política mexicana vuelve a girar en torno al escrutinio y la desconfianza institucional. La diputada suplente del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez-Jaén, irrumpió esta semana con una denuncia múltiple: 37 acusaciones ante la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Tabasco y actual líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Adán Augusto López Hernández. En el centro del reclamo, un supuesto quebranto financiero de 700 millones de pesos durante su administración, un monto que, según la panista, ha permanecido oculto bajo la omisión de las auditorías.
El señalamiento no es solo una embestida política, sino un síntoma más de la descomposición del sistema de rendición de cuentas. Pérez-Jaén sostiene que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha actuado con omisión deliberada al no avanzar en las observaciones hechas desde 2021. Si lo que denuncia es cierto, el caso exhibe una práctica recurrente en México: las instituciones fiscalizadoras se convierten en escudos de protección para quienes, desde el poder, deben ser vigilados.
Más allá de las cifras, el trasfondo es político y ético. Adán Augusto López no es un personaje menor dentro de la estructura de Morena; es uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador y un actor clave en la estrategia legislativa del oficialismo. Las acusaciones, por tanto, no solo buscan esclarecer el uso de recursos en Tabasco, sino poner en tela de juicio la narrativa de integridad que el partido ha sostenido como estandarte.
La diputada panista parece haber calculado el momento con precisión. En medio de tensiones preelectorales, el caso podría escalar el debate sobre la transparencia en la llamada “Cuarta Transformación”, un movimiento que llegó al poder prometiendo limpiar la corrupción, pero que ha acumulado señalamientos similares en distintos niveles de gobierno. El silencio de la ASF y la falta de respuesta inmediata del propio López Hernández alimentan la percepción de impunidad selectiva.
La verdadera interrogante es si las denuncias prosperarán en un sistema donde la justicia suele depender del clima político. Si la FGR actúa con independencia, el caso podría convertirse en un punto de inflexión sobre la responsabilidad de los exgobernadores y la opacidad institucional. Si no lo hace, solo confirmará que en México los expedientes se acumulan, pero las consecuencias siguen siendo un privilegio reservado a unos cuantos.
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