Aumenta la tensión entre el gobierno de Daniel Noboa y la oposición correísta, mientras las autoridades preparan más cargos
AGENCIAS/TDN
La detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y figura del movimiento izquierdista Revolución Ciudadana, abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno de Daniel Noboa y la oposición vinculada al expresidente Rafael Correa. La policía la arrestó por una investigación sobre presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023, en la que Noboa obtuvo la presidencia.
La Fiscalía ecuatoriana informó que formulará cargos contra tres personas investigadas por posibles irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad de aquella contienda. Según la institución, las indagatorias buscan esclarecer inconsistencias en las aportaciones recibidas y determinar si los recursos utilizados durante la campaña tenían un origen lícito; aunque el organismo no identificó públicamente a los detenidos por sus nombres completos, las iniciales difundidas coinciden con las de González.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el financiamiento de las campañas electorales en Ecuador, donde la procedencia del dinero y la rendición de cuentas son elementos centrales para establecer posibles responsabilidades. La investigación deberá determinar si las irregularidades señaladas constituyen un delito y qué participación habría tenido cada una de las personas involucradas, sin que la detención represente por sí misma una declaración de culpabilidad.
La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, reaccionó al arresto con acusaciones contra el gobierno de Noboa y afirmó que los hechos evidenciaron lo que considera una deriva autoritaria en el país. El movimiento, vinculado al exmandatario Rafael Correa, denunció persecución política y enfrenta además la inhabilitación para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre.
La detención también se produjo en un escenario de confrontación política marcado por procesos judiciales contra otras figuras públicas. En una cárcel de máxima seguridad construida durante el gobierno de Noboa se encuentran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, condenado por la comercialización ilegal de combustible subsidiado, y el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena por corrupción. El caso de González suma otro episodio a la disputa entre el Ejecutivo ecuatoriano y sectores de la oposición.
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