Habitantes buscan resolver el vacío de autoridad y recuperar certeza para las gestiones de la región
DAMIÁN CERVANTES/TDN
La falta de una autoridad agraria reconocida mantiene en incertidumbre a habitantes del ejido Salvador Urbina, en Cacahoatán, quienes requieren definir quién puede representar legalmente a la comunidad ante distintas gestiones. El problema no se limita a un cargo pendiente, pues la ausencia de una mesa directiva puede dificultar la continuidad de acuerdos y trámites relacionados con la vida colectiva del ejido.
La dimensión de esta situación se entiende mejor por el peso que tiene Salvador Urbina dentro del municipio. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la localidad contaba con dos mil 722 habitantes, mientras que Cacahoatán registró 50 mil 112 personas en todo su territorio. Además, el municipio estaba integrado por 106 localidades, lo que mostró la importancia de contar con mecanismos de representación capaces de atender las necesidades de sus comunidades.
El tema también reflejó la relevancia que conserva la propiedad social en el país. Datos oficiales del Registro Agrario Nacional señalaron que en 2024 México tenía 32 mil 261 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 836 eran ejidos y dos mil 425 comunidades. En conjunto, la propiedad social alcanzaba más de 99.6 millones de hectáreas, por lo que la representación de estas comunidades tiene efectos que van más allá de una gestión administrativa.
Ante esta situación, habitantes de Salvador Urbina solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría Agraria para encaminar la elección de una nueva mesa directiva. La intervención de esta instancia podrá ayudar a que el proceso se desarrolle con certeza y a que los acuerdos de la comunidad vuelvan a contar con una representación reconocida, en un momento en que resolver las diferencias internas resulta clave para evitar mayores conflictos.
El caso de Salvador Urbina puso sobre la mesa una necesidad que suele pasar desapercibida hasta que surge un problema, que las comunidades rurales cuenten con autoridades agrarias vigentes y con capacidad para representar sus intereses. La Procuraduría Agraria ha impulsado en Chiapas una estrategia para acercar asesoría y atención a los sujetos agrarios, una vía que puede resultar determinante para que el ejido recupere una representación legítima y los habitantes puedan avanzar en sus gestiones con mayor certeza.
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