Andrea Flores Mena
Ayer, el gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, rindió su primer Informe como titular del Ejecutivo en Chiapas; no ha pasado tanto tiempo desde aquel 8 de diciembre de 2024 en que prometió que “la paz volvería a los caminos de Chiapas” y lanzó una ofensiva frontal contra el crimen organizado, apoyada en la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), a un año de distancia, vale la pena hacer un corte de caja: no para aplaudir por inercia, sino para sostener un apoyo crítico, que reconozca los avances pero no pierda de vista las deudas.
Seguridad: del golpe de efecto al reto de la normalidad
El sello de este primer año ha sido, sin duda, la seguridad; desde la detención masiva de 92 policías municipales coludidos con el crimen en Comitán y otros municipios, así como la captura del alcalde de Frontera Comalapa por presuntos vínculos con grupos criminales, marcaron un quiebre con la pasividad de gobiernos anteriores.
La FRIP se ha convertido en el símbolo de una nueva política: operativos espectaculares, presencia territorial y un mensaje claro de “cero impunidad” hacia autoridades que traicionan al Estado, esa decisión política tiene un costo y también un riesgo, el costo inevitable es la tensión: nadie desmonta de la noche a la mañana redes que durante años se alimentaron de la impunidad. El riesgo es que la seguridad se quede en el plano de la espectacularidad mediática y no se traduzca en capacidades ordinarias: policías municipales dignas, ministerios públicos que no revictimicen, juzgados que no suelten expedientes por “falta de elementos”, hoy, el balance es positivo en la señal que se envía, pero el gran desafío del próximo año será pasar del despliegue extraordinario a la normalización de un Estado que funcione sin necesidad de operativos vistosos.
A su favor, el gobernador llega al Informe con algo que pocos mandatarios pueden presumir: encuestas nacionales que lo colocan como uno de los gobernadores mejor evaluados del país en desempeño general, seguridad y combate a la corrupción, según mediciones de casas encuestadoras como FactoMétrica, Reporte Índigo, Balance México y otros ejercicios nacionales. Esa buena calificación ciudadana no es un cheque en blanco; es, más bien, un mandato para no aflojar.
Un humanismo que se pisa el territorio
El otro eje que define este primer año es el “Humanismo que transforma”, lema que no se quedó solo en discurso: el Plan Estatal de Desarrollo 2025–2030 se construyó con ejercicios de consulta que incluyeron a niñas, niños y adolescentes, y colocan a las personas en el centro de la acción pública. Esa lógica se nota, sobre todo, cuando el gobierno sale de la capital y pisa el territorio más olvidado.
En la región Altos Tsotsil-Tseltal, el gobierno ha anunciado y puesto en marcha obras de agua potable, salud y educación, insistiendo en que la recuperación de la seguridad va de la mano con la ampliación de derechos básicos: agua limpia, escuelas dignas, centros de salud que funcionen, en comunidades como Capitán Luis A. Vidal, los apoyos van desde programas como “A Paso Firme” (tenis para niñas y niños), hasta bombas aspersoras para el campo, patrullas para la seguridad municipal y el anuncio de infraestructura en salud, educación y caminos, incluida la rehabilitación de tramos carreteros y centros de salud.
No son megaproyectos para la foto sexenal, son obras que cambian la vida cotidiana: un camino transitable, un consultorio con médico, una patrulla que sí llega cuando se le llama.
Ahí el gobierno acierta: Chiapas no necesitaba otro sexenio de promesas faraónicas, sino de resolver lo elemental.
Mujeres al centro: agenda feminista, más allá del discurso
En el terreno de los derechos de las mujeres, este primer año también muestra señales claras, voces especializadas han señalado que el gobernador impulsa una “agenda feminista” con programas como Mujer Segura, que entrega relojes inteligentes en municipios con Alerta de Violencia de Género para enlazarlos al C5, y Mujer Alza tu Voz, que brinda apoyo psicológico y legal, a esto se suma el dato nada menor de que Chiapas es el estado con más Centros Libres de Violencia en el país, con 52 espacios que buscan acompañar a mujeres en situación de riesgo.
Mejorar condiciones, no solo números
En lo económico, el discurso oficial insiste en que la paz y la seguridad han permitido el repunte de inversiones y la actividad comercial en la entidad, más allá del optimismo, hay señales concretas: el planteamiento de fortalecer fondos de crédito con tasas de interés más accesibles para productores agroindustriales, buscando que el campo chiapaneco deje de ser solo proveedor de mano de obra barata y se convierta en un sector con valor agregado y competitividad.
En paralelo, el gobierno ha anunciado acciones para mejorar las condiciones del sector transportista concesionado: garantizar derechos laborales, mejorar ingresos y elevar la calidad del servicio para las y los usuarios, si se implementa a fondo, esto puede traducirse en algo más que boletines: rutas más seguras, choferes con condiciones dignas, transporte público que no sea una condena diaria.
Dignificar lo básico
En materia de salud y educación, el gobierno ha dado pasos en la dignificación de espacios, la modernización de instalaciones del ISSTECH se presenta como parte de una estrategia para garantizar acceso a la salud a lo largo del estado, en coordinación con otras instituciones. En educación, la entrega de mil mesabancos a escuelas públicas de Tuxtla, en alianza con Fundación Coppel, es un ejemplo de cómo la inversión pública puede complementarse con el sector privado para crear espacios dignos para niñas y niños.
El reto del segundo año será pasar de acciones puntuales a una verdadera política de Estado que cierre brechas entre regiones y que no dependa de la buena voluntad de fundaciones o convenios aislados.
Un año después: ¿qué apoyar y qué exigir?
A un año de su toma de protesta, Eduardo Ramírez Aguilar llega a su primer Informe con resultados que no se pueden minimizar: una política de seguridad que rompió inercias y tocó intereses enquistados; un humanismo de territorio que se expresa en obras pequeñas pero significativas; una agenda para las mujeres que coloca la violencia de género en el centro; y una narrativa económica que busca pasar del asistencialismo a la competitividad productiva.
Por eso, hoy tiene sentido apoyarlo: porque, por primera vez en mucho tiempo, Chiapas siente que el gobierno se está moviendo, que hay decisiones de fondo y no solo discursos de ocasión.
Chiapas ha sido, demasiadas veces, el laboratorio de lo que no debe ser México: violencia tolerada, pobreza normalizada, mujeres silenciadas, pueblos originarios usados como postal, si algo inaugura este primer año de gobierno es la posibilidad de un giro: de un Estado que, por fin, decide enfrentar al crimen, mirar a las mujeres y voltear al campo con seriedad.
Apoyar a Eduardo Ramírez hoy no es cerrar los ojos ante sus errores, sino empujarlo a estar a la altura de la confianza que ha ganado, la verdadera transformación no se mide en spots ni en encuestas, sino en el día en que caminar por un camino rural de madrugada, subir a un transporte público o alzar la voz contra la violencia machista deje de ser un acto de riesgo en Chiapas. Ese es el informe que, en realidad, la historia le va a pedir.

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